Tres denuncias anónimas recibidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han motivado el inicio de investigaciones contra varios funcionarios de la institución, incluidos magistrados. Estos casos están documentados en los expedientes TE-SUP-QRA-1/2024, TE-SUP-QRA-2/2024 y TE-SUP-QRA-3/2024, inicialmente presentados ante la Suprema Corte y la Secretaría de la Función Pública.
Dos de las investigaciones están asignadas al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, debido a la conexión entre ambos casos, y no tienen una fecha límite para su resolución. El tercer caso está a cargo de la magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Aralí Soto, proveniente de un expediente transferido desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinó que los hechos no implicaban conductas atribuibles a sus funcionarios.
Las notificaciones no mencionan las identidades de los denunciados ni los detalles específicos de las acusaciones, respetando el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, se sabe que dos de las denuncias están dirigidas contra un magistrado titular del TEPJF, y la tercera contra otros servidores públicos de la institución.
Fuentes de El Financiero indican que una de las investigaciones involucra al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, expresidente del TEPJF hasta diciembre pasado. Rodríguez Mondragón renunció tras perder el apoyo de sus colegas, entre ellos Mónica Aralí Soto, Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, quienes argumentaron una pérdida de confianza en su liderazgo.
La denuncia anónima contra Rodríguez Mondragón lo acusa de diversas irregularidades en su función, además de estar vinculado con el Partido Acción Nacional (PAN) y figuras destacadas del mismo, como Roberto Gil. También se solicitó investigar su patrimonio y manejo financiero durante su tiempo en el TEPJF.
Cabe mencionar que esta no es la primera vez que un expresidente del tribunal electoral es investigado. José Luis Vargas, predecesor de Rodríguez Mondragón, también enfrentó investigaciones federales por presunto enriquecimiento ilícito, aunque se desconoce el estado actual de ese caso.
