Un grupo de funcionarios de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) es investigado por la Secretaría Anticorrupción debido a presuntas irregularidades en la compra consolidada de medicamentos e insumos médicos para el periodo 2025-2026.
La dependencia, encabezada por Raquel Buenrostro, determinará las responsabilidades administrativas y, en caso de ser necesario, dará parte a las autoridades para proceder penalmente contra los involucrados.
En su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que es fundamental detectar y sancionar los actos de corrupción. “Si uno lo detecta, que haya las sanciones correspondientes, administrativas y, si es necesario, penales”, declaró. También precisó que las anomalías ocurrieron en la etapa final de asignación de contratos a algunas empresas que no ofrecieron las mejores condiciones de compra al Gobierno.
Un testigo social del proceso de adquisición cuestionó a Birmex por no apegarse a la ley y obstaculizar su labor. De acuerdo con la ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, el testigo Isidoro Santos afirmó que Birmex no proporcionó la información necesaria para realizar su trabajo y que algunas etapas del proceso no se ajustaron a la Ley de Adquisiciones.
Santos también denunció que, a pesar de haber solicitado en tres ocasiones las evaluaciones técnicas y legales de las ofertas a Emma Luz López Juárez, directora de Administración de Birmex, estas nunca le fueron entregadas.
Como medida inmediata, los funcionarios responsables de la firma de los contratos fueron separados de sus cargos mientras se lleva a cabo la investigación.
En el primer círculo de decisiones de Birmex destaca Iván Olmos, quien asumió la dirección hace cuatro meses tras desempeñarse en la Auditoría Superior de la Ciudad de México. El proceso de compra consolidada estuvo bajo la supervisión de Emma Luz López Juárez y Jorge Bernardo González, encargado de Control y Aseguramiento de Calidad de la dependencia.
Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la magnitud de las irregularidades y deslindar responsabilidades penales o administrativas.
