Julia Elena Abdalá Lemus, pareja del ex director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, se encuentra en el centro de una investigación federal tras recibir depósitos que suman 4.5 millones de dólares, equivalentes a 120 millones de pesos. Estos fondos provienen de miembros de la familia Weinberg, quienes son considerados por las autoridades como prestanombres y cómplices de Genaro García Luna en delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Entre julio de 2012 y mayo de 2017, Abdalá recibió 2 millones 642 mil dólares en sus cuentas personales, mientras que 1 millón 890 mil dólares fueron depositados en Roybell International Inc., una empresa offshore panameña bajo su control. Este periodo coincide con la etapa en que Bartlett ocupaba un escaño como senador del Partido del Trabajo y se alineaba con el movimiento del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México está investigando estas transferencias como parte de una demanda civil presentada en 2021 en una corte de Florida, cuyo objetivo es recuperar fondos del erario que García Luna desvió a través de un entramado empresarial vinculado a los Weinberg. Las autoridades acusan a García Luna de haber facilitado una red de corrupción que permitió a empresas como Nunvav Inc., Nunvav Technologies Inc. y Nice Systems Ltd. beneficiarse de contratos por más de 630 millones de dólares durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Los Weinberg, representados por Mauricio Samuel Weinberg López y su hijo Jonathan Alexis Weinberg Pinto, enviaron los fondos a paraísos fiscales antes de que estos llegaran a empresas fachada en Florida, donde García Luna y su esposa adquirieron propiedades y bienes de lujo.
La investigación sobre las cuentas de Julia Abdalá comenzó formalmente el 12 de junio de 2024, cuando la jueza Lisa Walsh solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) información sobre los movimientos de varias personas, incluyendo a Abdalá. La respuesta de la CNBV se mantiene confidencial.
El 9 de agosto de 2024, durante la transición presidencial, la UIF presentó una moción para obligar a los Weinberg a entregar documentos que identificaran el propósito de las transferencias. Durante un interrogatorio, Samuel Weinberg López admitió tener una relación de amistad de más de 20 años con Bartlett y Abdalá. Posteriormente, el 20 de agosto de 2024, los Weinberg afirmaron haber entregado a la UIF la documentación requerida.
-
-
-
-
