El gobierno federal implementará la llamada “ley espía”, que otorga a jueces populares la autoridad para autorizar intervenciones telefónicas, geolocalización en tiempo real y acceso a datos privados, según la reciente reforma a la Ley de Telecomunicaciones. La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la medida, afirmando que no se trata de un Estado vigilante, ya que cualquier intervención requerirá orden judicial.
Sin embargo, especialistas y organizaciones civiles, como Artículo 19, han expresado serias reservas. Señalan que los jueces, recientemente electos por voto popular el 1 de junio y con funciones a partir del 1 de septiembre, podrían no contar con la independencia necesaria y terminar por favorecer al gobierno en decisiones delicadas.
José Antonio Caballero, académico de la UNAM, advirtió que la capacidad de control constitucional de estos jueces es incierta y podría resultar inadecuada, elevando el riesgo de abusos al permitir escuchas telefónicas o intervenciones sin filtros adecuados. Carlos Mendoza, experto en seguridad pública, coincidió en la necesidad de implementar salvaguardas adicionales para evitar que estos jueces se conviertan en instrumentos del poder.
Artículo 19 también alertó que la ampliación de facultades incluye no solo telecomunicaciones, sino también cambios en la Ley de Guardia Nacional y la Ley de Delitos Informáticos, lo que configura un sistema potencialmente intrusivo que podría vulnerar derechos fundamentales .
En respuesta, Sheinbaum insistió en que las intervenciones dependerán de órdenes judiciales y no buscan espiar a periodistas ni la oposición. Sin embargo, críticos como Raymundo Riva Palacio recuerdan casos pasados en que gobiernos utilizaron herramientas similares para monitorear a periodistas, activistas y políticos sin el respaldo de una orden judicial.
Para Artículo 19 y especialistas en ciberseguridad, el principal peligro radica en la geolocalización en tiempo real sin mecanismos claros de autorización judicial, y en el manejo de grandes volúmenes de datos personales y biométricos sin transparencia ni control efectivo.
En este contexto, la reforma se considera un punto de inflexión. Aunque el gobierno sostiene que protege la seguridad nacional, sus detractores creen que abre la puerta a un Estado con capacidad de espionaje sistemático bajo la apariencia de legalidad. El debate está marcado por la preocupación por la protección de datos personales y la posible erosión de garantías constitucionales.
Las siguientes semanas serán clave para observar cómo se implementan estas disposiciones, si se establecen candados efectivos y si los jueces electos actúan con autonomía o bajo presión institucional.
