Según la orden dictada, “los nombres, direcciones y lugares de empleo del futuro jurado seleccionado serán ocultados a las partes y a la prensa”. Además, cada día de juicio serán transportados desde el juzgado con una escolta de la Policía Federal de EU y estarán aislados de la vista pública mientras estén en las instalaciones del juicio.
Cogan reconoció que Guzmán Loera no está acusado de ningún crimen violento, pero “su historial de violencia, ya sea hecha bajo su dirección o en su nombre”, basta para que el jurado sea protegido en el anonimato, especialmente cuando muchas de las alegaciones en contra de El Chapo tienen que ver con “asesinatos, asaltos y secuestros” de personas que pudieran testificar en su contra o colaborar con el gobierno.
El juez detalla, por ejemplo, que en la imputación de la fiscalía contra el líder del Cártel de Sinaloa se contabilizan “centenares” de actos de violencia por parte de los miembros de la organización.
Además, “castigan a miembros desleales y protegen a los miembros del cártel de arrestos y enjuiciamiento, silenciando a testigos potenciales y tomando represalias contra aquellos que dieron información a las fuerzas de la ley”, argumentó.
La orden complace la voluntad del gobierno y desestima la petición de la defensa, que había alegado que no había motivos para temer represalias de Guzmán Loera contra el jurado y, además, una orden tan restrictiva provocaría que el jurado entablara un prejuicio al ver tantas medidas de protección.
La defensa de El Chapo, encabezada por el abogado Eduardo Balarezo, se había opuesto vehementemente a un jurado anónimo y protegido, alegando que socavaba la presunción de inocencia del capo mexicano.
El juez desestimó la defensa de Balarezo. Dijo que ningún acto de supuestos asociados y aliados de Guzmán Loera se ha producido fuera México y por eso no debería haber temor en el jurado.
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