Un juzgado federal otorgó una segunda suspensión provisional contra las obras del Tramo 5 del Tren Maya.
Se trata del amparo indirecto 1003/2022 promovido por tres habitantes del municipio de Solidaridad, ante lo que consideran un riesgo latente de derrumbe del acuífero, ríos subterráneos, cenotes y cavernas sobre los que se desplazará el Tren Maya.
En este nuevo juicio, que involucra al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), se presentaron pruebas que serán utilizadas durante las audiencias programadas del 13 y 19 de mayo próximos.
Parte además de la presunción de violaciones al derecho a un medio ambiente sano, al no existir evidencia de que se tramitaran las autorizaciones de impacto ambiental para este tramo que va de Cancún a Tulum. Aunque el juicio se inició en Cancún, será en un juzgado federal de Mérida, Yucatán.
Se trata de la segunda suspensión provisional, luego de una primera otorgada a un grupo de espeleólogos el pasado 18 de abril, la cual ordenó paralizar la ejecución de obras relacionadas con la construcción, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique su ejecución material en el Tramo 5.
El Juzgado Primero de Distrito, con sede en Yucatán, reconoció a través de su fallo que los espeleólogos tienen interés legítimo en el tema y que la medida no contraviene el interés y orden público, además de que se reconoce que el proyecto carece de Manifestación de Impacto Ambiental, según el comunicado, que firma la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano.
Las obras deberán mantenerse detenidas hasta la fecha de audiencia incidental del proceso, la cual se fijó para el 13 de mayo; hasta entonces se resolverá si procede o no la suspensión definitiva del Tramo 5 en tanto se resuelve el caso de fondo. Aunque el gobierno federal ya impugnó este resolutivo judicial.
Más amparos
Además, GreenPeace dio a conocer a través de un comunicado que interpusieron un amparo junto con el Centro para la Biodiversidad Biológica, el cual impugna el hecho de que el gobierno no llevó a cabo la evaluación de impacto ambiental correspondiente antes de echar a andar las obras del Tramo 5.
Greenpeace hace referencia a que el 22 de noviembre del 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto presidencial que exenta los requisitos de permisos para varios de los proyectos de infraestructura prioritarios del gobierno al catalogarlos de seguridad nacional, incluido el Tren Maya.
“La demanda de amparo interpuesta por Greenpeace México y el Centro para la Diversidad Biológica ante el Segundo Juzgado de Distrito de Quintana Roo cuestiona la autorización provisional emitida por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales”; también cuestiona el cambio de planes iniciales de la ruta del tren para que ahora atraviese sobre cuevas submarinas y selva.
El amparo hace referencia a la presumible “violación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y la Justicia en Asuntos Ambientales, también conocido como Acuerdo de Escazú”, pues aseguran que el gobierno federal inició las obras, negando el acceso a la información ambiental y la participación pública en la toma de decisiones ambientales.
