En un hecho inédito, un abogado logró que un juez suspendiera de manera provisional la reducción de salarios, prevista en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos para jueces y magistrados federales que, en este caso, lleven alguno de sus juicios de amparo.
El litigante explicó que si no se congela la disminución de sueldos para los juzgadores, le generaría un daño inminente e irreparable pues él depende de la actividad de los impartidores de justicia, al ser un profesional del Derecho que tiene a su cargo diversos asuntos que dependen de la imparcialidad e independencia judicial.
“Se concede la suspensión provisional para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan y no se apliquen las normas reclamadas, lo que se concreta en que los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, ante los que se refiere se tramita algún juicio de amparo en su calidad de quejoso, tercero interesado o abogado litigante, continúen recibiendo el conjunto de conceptos que integran sus remuneraciones.
“Que no estén obligados a dar aviso a las instancias correspondientes de las percepciones que reciben en exceso, bajo pena de incurrir en el delito de remuneración ilícita, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva”, señala el acuerdo.
Para conceder esta suspensión y considerar que el abogado quejoso cuenta con interés legítimo para presentar la demanda, a pesar de no ser servidor público, el juez argumentó que la Ley Federal de Remuneraciones incide directamente en la esfera jurídica del abogado quejoso en lo relacionado con la independencia de los juzgadores.
En la demanda de amparo también se analizó como uno den los argumentos la denominada “Regla de Necesidad”, en la que se sostiene que los jueces pueden participar en una controversia en cuyo resultado tengan interés, cuando no sea posible sustituirlos y su participación sea necesaria para constituir quorum en un tribunal colegiado.
A la fecha suman tres mil 317 las demandas de amparo interpuestas por 14 mil 737 quejosos contra dicha ley, según el último corte de la Judicatura Federal.
De ese total, 430 fueron promovidas por jueces, 573 por magistrados, cuatro mil 172 por secretarios, 934 por actuarios, cuatro mil 578 por oficiales y mil 812 por externos de dependencias y organismos como Pemex, Cofece, PGR, IPN, Cisen, INE, SAT, IFT, ISSSTE y Segob.
A estos quejosos ahora se han sumado trabajadores del INAH, el sindicato de docentes del Conalep, el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear y Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, entre otros.
Fue el viernes 7 de diciembre cuando el ministro Alberto Pérez Dayán suspendió la aplicación de la esa ley, la cual señala entre otros puntos, que ningún funcionario puede obtener un salario mayor al que perciba el Presidente de la República.
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