Samuel Ventura Ramos, juez para el caso de la desaparición forzada y delincuencia organizada de Ayotzinapa, Guerrero, aseguró que “estamos frente a un caso de insuficiencia probatoria (porque) la verdad jurídica no está en función del volumen de los archivos presentados, sino de la sustancia de los medios de prueba”.
Lo anterior lo afirmó en entrevista en las oficinas del Juzgado Primero de Distrito Penal ubicadas en esta ciudad fronteriza, al comentar la liberación de 24 inculpados el sábado pasado.
Aclaró que una buena parte del caudal probatorio tuvo que ser excluido, debido a que se obtuvo bajo tortura.
El juzgador aclaró que la liberación de los acusados se logró al aplicar el Protocolo de Estambul, ya que ese conjunto de normas internacionales usado para documentar la probable tortura del Estado sobre los inculpados derivó en que mucha de la información obtenida de los acusados se argumentó que había sido declarada bajo tortura.
Al comentar las palabras de Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien aludió a la podredumbre del sistema judicial, Ventura Ramos comentó que él es un juez real y que respeta las opiniones del funcionario de la Cuarta Transformación, pues tiene derecho a opinar sobre el caso, pero que como juez del caso debe aplicar criterios estrictamente jurídicos, y que no piense entrar en debate con miembros del Poder Ejecutivo federal.
Indicó que el sistema judicial en México “debe ser un garante de justicia para todos y se debe cuidar la pulcritud jurídica, la cual se pierde de vista cuando gana el ardor y la víscera”.
Aclaró que se dictó la libertad de los inculpados en día sábado porque “era la fecha de término de diez días que había dado otra instancia legal para que el fiscal puliera sus expedientes”.
El integrante del Poder Judicial estableció que la liberación de estas 24 personas vinculadas a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de 2014 “no es definitiva, porque todavía no hay una sentencia, y que esta circunstancia es una segunda oportunidad para que el actual fiscal especial, Omar Gómez Trejo, depure el proceso”.
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