En el grueso expediente del proceso judicial de Nestora Salgado, la guerrerense que fue comandante de la policía comunitaria de Olinalá y actualmente contiende por un escaño en el Senado por el partido Morena hay pruebas de descargo tan contundentes que fueron determinantes para que el juez resolviera a favor del auto de libertad de la dirigente, que permaneció dos años siete meses en prisión, por no acreditarse el cuerpo del delito.
Se trata de cuatro cartas, firmadas el 10 de junio de 2013 por cuatro madres –entre ellas Susana Baltazar Sosa, a quien cita Meade sin mencionar su nombre— que aceptan “de común acuerdo” con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias permitir el resguardo de sus hijas con fines de “reeducación” en las llamadas Casas de Justicia que la CRAC mantenía en distintas localidades de la zona de La Montaña de Guerrero.
En el debate presidencial de Tijuana el pasado domingo, el candidato presidencial del PRI José Antonio Meade sacó una ficha que llevaba entre sus apuntes y leyó un fragmento de lo que, aseguró, es parte del expediente judicial del Caso Nestora Salgado. En el párrafo leído, la madre de una joven presuntamente secuestrada por la entonces comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá asegura que Salgado le pidió cinco mil pesos a cambio de “entregarle a su hija”. Meade remata su intervención señalando a la guerrerense como “secuestradora”.
Lo que Meade no mencionó, y lo que omiten reiteradamente sus voceros oficiales y oficiosos en la tormenta de medios que se generó en torno al tema, es que ese testimonio –y otros similares– fueron desechados por el juez ante las evidencias presentadas por la defensa que anularon estos dichos.
Curiosamente, ninguna de estas preguntas víctimas o sus madres acudieron a ratificar judicialmente sus declaraciones a ninguna de las más de 15 audiencias judiciales del Caso Nestora para las que fueron citadas.
Fuente: AGENCIAS
