La jueza Yadira Elizabeth Medina Alcántara, titular del tercer juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ha otorgado un plazo de tres días hábiles a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) para que cumplan con una sentencia que les ordena demostrar que se llevó a cabo una consulta y revisión del material educativo para el ciclo escolar 2023-2024 antes de continuar con la impresión de los libros de texto.
La sentencia, emitida por la jueza el 25 de mayo y derivada de un amparo presentado por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), determinó que las dependencias podrían seguir con la impresión siempre y cuando demostraran que se realizaron los procesos de consulta y revisión correspondientes.
Sin embargo, más de un mes después, la SEP y la Conaliteg no han cumplido con lo solicitado por la jueza Medina Alcántara. Ante esta situación, la jueza ha dado plazo hasta este miércoles para su cumplimiento, advirtiendo que de lo contrario podrían enfrentar sanciones.
“En caso de no obedecer lo aquí ordenado y continuar con una actitud omisa, o bien, en caso de eludir el acatamiento de la suspensión definitiva, se continuará con el procedimiento previsto en el artículo 192 de la ley de la materia”, señaló la jueza en su sentencia.
Dicho artículo establece penas que van desde tres hasta nueve años de prisión, destitución o inhabilitación por el mismo periodo, y una multa de cincuenta a 500 días para el servidor público que no acate una suspensión debidamente notificada en un juicio de amparo o en un incidente de suspensión.
Cabe destacar que esta sentencia no impide la impresión de los libros de texto gratuitos para el próximo ciclo escolar, pero busca justificar su legalidad, la cual ha sido cuestionada por organizaciones como la UNPF, que denuncian la falta de fundamentos científicos, técnicas pedagógicas y una revisión adecuada.
