En un caso que ha reavivado la atención sobre el sistema judicial mexicano, la jueza Mariana Vieyra Valdés, quien resultó ser la más votada en su distrito en la reciente elección judicial, ordenó la liberación de Israel Vallarta Cisneros, detenido desde hace 20 años sin sentencia definitiva. Vallarta había sido acusado de formar parte de la banda de secuestradores conocida como “Los Zodiaco”, pero la jueza consideró que las pruebas en su contra no eran suficientes para acreditar su culpabilidad.
La sentencia que llevó a esta decisión, extensa y detallada, aplicó criterios similares a los usados años atrás en la liberación de la ciudadana francesa Florence Cassez, cuyo caso también generó polémica por irregularidades procesales y violaciones al debido proceso. En el caso de Vallarta, se desestimaron testimonios de varias víctimas que señalaron a Vallarta como responsable, debido a inconsistencias y cambios en sus declaraciones que levantaron dudas sobre su veracidad.
Esta situación ha puesto en relieve las fallas históricas en la justicia mexicana, incluyendo denuncias de tortura y montajes mediáticos que han marcado el juicio de Vallarta desde su detención original en 2005. Además, la jueza que tomó la decisión también condenó en meses recientes a una hermana de una figura política destacada, lo que ha generado debates sobre la coherencia y criterios aplicados en distintos casos.
El gobierno federal ha señalado que la liberación fue resultado exclusivo de la determinación judicial, y no una acción política directa, aunque ha asegurado que se ofrecerá protección a Vallarta si este la solicita debido a riesgos derivados de su liberación. Este caso subraya la importancia de las reformas en el sistema judicial y plantea preguntas sobre el equilibrio entre la aplicación de la ley, los derechos humanos y la protección de las víctimas.
