Una jueza del sistema penal en Campeche impuso a Jorge Luis González Valdez, periodista y exdirector del medio Tribuna Campeche, una medida cautelar que obliga a que un interventor judicial revise y autorice todo contenido que él y su medio publiquen en relación con la gobernadora Layda Sansores. Además, se le prohíbe expresamente referirse a la mandataria en cualquier forma, ya sea en notas, programas o declaraciones públicas.
La resolución de la jueza Ana Maribel de Atocha Huitz May generó preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión, que consideran estas medidas como una forma evidente de censura previa, incompatible con los derechos periodísticos y las garantías individuales. La Alianza de Medios Mx calificó la resolución como un intento de silenciar y limitar el trabajo crítico contra la gobernadora, especialmente en temas delicados como las acusaciones sobre redes de ‘huachicol’ y corrupción en el estado.
El periodista González Valdez, de 71 años, ha denunciado que estas restricciones son excesivas y violan sus derechos constitucionales, dado que ya anteriormente un tribunal federal había declarado inconstitucionales otras limitaciones impuestas en su contra, entre ellas la prohibición total de ejercer el periodismo y el cierre de la plataforma digital del medio. Sin embargo, pese a esta resolución federal, las autoridades locales siguen emitiendo medidas que afectan su labor.
La jueza justificó que estas medidas buscan proteger la dignidad de la gobernadora Sansores y evitar ataques que supuestamente atenten contra sus derechos. No obstante, defensores de la libertad de expresión advierten que esta actuación judicial marca un retroceso en materia de prensa libre, al instaurar un mecanismo de supervisión previa y censura, una práctica poco común en México y que podría sentar un precedente preocupante para otros periodistas críticos.
Además de la prohibición de publicar o hablar de la gobernadora, el interventor judicial deberá acompañar al periodista en sus participaciones públicas, supervisando sus declaraciones sobre el caso, lo que limita considerablemente la actividad profesional de González Valdez. El caso se inscribe en un contexto mayor de ataques legales contra periodistas y figuras críticas, que han sido señalados por organismos y expertos como un creciente riesgo para la libertad de prensa en el país.
