En una decisión que ha generado controversia, el Juzgado de Primera Instancia Penal de Hidalgo, en Guerrero, ordenó ayer miércoles la liberación inmediata de Héctor Luis Palma Salazar, conocido como ‘El Güero’ Palma. La medida se basa en la prescripción de la acción penal en su contra por el homicidio de nueve personas ocurrido en 1992.
El expediente revivido por la Fiscalía General de la República (FGR) acusaba a Palma Salazar de ser responsable del asesinato de nueve individuos, entre ellos familiares de Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el ‘Jefe de Jefes’. Sin embargo, la juez a cargo del caso determinó que los delitos habían prescrito hace un año, ya que habían transcurrido 31 años desde su comisión y el periodo de prescripción para ese tipo de delito es de 30 años.
La boleta de libertad emitida por el juzgado establece: “Comunico a usted que con esta fecha (17 de mayo de 2023) y siendo las 15:00 horas, decreté auto de libertad por prescripción de la acción penal al inculpado, por lo que, sírvase dejar en inmediata libertad al citado inculpado”.
Cabe destacar que la semana pasada, Palma Salazar estuvo a punto de ser liberado por segunda vez, pero la FGR reactivó el expediente en su contra, que se encontraba radicado en la causa penal 301/2023. Sin embargo, el juzgado ha considerado que los delitos imputados ya habrían prescrito.
El accidente aéreo en el que se vio involucrado ‘El Güero’ Palma ocurrió el 22 de junio de 1995, cuando se dirigía en un avión privado a una boda en Jalisco. Según los informes, la aeronave se quedó sin combustible y se estrelló en los límites de Nayarit y Jalisco. Después del accidente, Palma Salazar fue resguardado en Jalisco, donde las autoridades comenzaron a identificar a las personas a bordo, lo que resultó en su posterior detención.
La decisión de liberar a ‘El Güero’ Palma ha generado un debate sobre la aplicación de la justicia y la prescripción de delitos graves. Mientras algunos consideran que se ha respetado el plazo de prescripción establecido por la ley, otros cuestionan si este tipo de casos deberían estar sujetos a una revisión más exhaustiva y si existen mecanismos para garantizar la justicia en situaciones similares.
