Durante la conmemoración del 106 aniversario de la Carta Magna, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que frente al “vergonzoso retroceso” en los “36 años de política neoliberal”, su gobierno ha impulsado reformas para devolver a la Constitución “la grandeza de su espíritu original”. Subrayó que sólo cancelar la devolución de impuestos significó ingresos a la hacienda pública por 200 mil millones de pesos anuales.
En el emblemático Teatro de la República, donde se congregó la clase política, López Obrador aseguró que a pesar de las citadas modificaciones, “la Constitución de 1917 no ha muerto, vive en la transformación del México libre, justo, igualitario, democrático y fraterno de nuestros días”.
Después de un preámbulo histórico sobre el surgimiento de la Constitución de Querétaro, el mandatario lamentó que en 1983 se abriera un largo periodo, hasta 2018, de modificaciones que trajeron al país “retrocesos en materia de defensa de la soberanía y del bienestar de nuestro pueblo, que se fueron haciendo cada vez más evidentes, hasta llegar a casi resucitar la política económica del porfirismo. Por eso decimos que neoliberalismo en México es neoporfirismo”.
El acicate fundamental de esta regresión, enfatizó, fue la corrupción que imperó a partir de entonces, por lo que “ese afán de lucro desmedido condujo a modificar los principios y las normas de la Carta Magna hasta casi despojarla de su letra y espíritu original, y los dogmas neoliberales y los intereses oligárquicos fueron introducidos en el texto constitucional” para impedir en el futuro “cualquier transformación en un sentido nacional, democrático y popular”.
Entre las reformas antipopulares y entreguistas, dijo el Presidente, estuvieron la apertura a la venta de empresas públicas, bancos, ejidos y minas; concesiones y contratos a empresas petroleras, la industria eléctrica y telecomunicaciones; la privatización de ferrocarriles, puertos, aeropuertos y hasta las cárceles; la limitación a la gratuidad de la educación pública; la conversión de deudas privadas en públicas y la entrega del manejo de las pensiones a particulares.
Enfatizó que esos cambios ocurrieron dentro de una democracia simulada, controlada por políticos y tecnócratas que estaban al servicio de los grandes intereses económicos. Ante gobernadores y su gabinete legal y ampliado –con excepción del canciller, Marcelo Ebrard–, así como los representantes de los otros poderes, lanzó el reto:
“Es raro encontrar, y los convoco a que lo investiguen, en el periodo neoliberal, una reforma a la Constitución en beneficio del pueblo. Todo, absolutamente todo, se orientó a favorecer los intereses de una minoría nacional y extranjera.”
Después de su larga descripción de las reversiones sociales del neoliberalismo, López Obrador reivindicó el sentido social en sus propias iniciativas de reformas constitucionales. Citó la tipificación de la corrupción como delito grave y, en paralelo, la ley de austeridad republicana, porque controlar el dispendio gubernamental no es un asunto administrativo, sino de principios, sostuvo.
