Que se sancione a las personas relacionadas con la Estafa Maestra no a las universidades, que son instituciones de “prestigio” y han trabajado durante muchos años, pidió el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Jaime Valls Esponda.
La organización, que representa a las 193 universidades más grandes e importantes del país, dijo que las universidades que han sido señaladas de participar en este esquema de desvío de recursos han ido solventando las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
“Que se sancione a las personas que se tenga que sancionar pero no a las instituciones, que son instituciones de prestigio, que han trabajado a lo largo de muchos años y prestan servicios: si algunos están mal llevados a cabo y son señalados por las autoridades, que se actúe conforme a la ley”, señaló.
“Los desvíos son públicos porque la ASF había hecho estas observaciones mediante documentos públicos que están en las redes sociales y en la página de internet de la ASF. Las universidades autónomas y no autónomas que han sido señaladas han tenido la posibilidad de solventar las observaciones y muchas se han ido solventando”.
Después de inaugurar el Segundo foro de profesionalización y servicio profesional de carrera de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, Valls Esponda fue cuestionado sobre el juicio que se le sigue a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, acusada de ejercicio indebido del servicio público por su presunta participación en la Estafa Maestra, un esquema de triangulación y desvío de recursos que involucraba a universidades públicas.
Valls Esponda explicó que es legal la firma de convenios con entidades públicas o secretarías de Estado para la prestación de servicios, además de ser una de las estrategias que llevan a cabo las universidades para gestionar recursos propios.
“Las universidades, las que han firmado convenios, han actuado dentro del marco de la ley, porque la ley lo permite. Una de las funciones importantes de las universidades es gestionar recursos adicionales y lo hacen a través de la prestación de servicios. Cuando hay temas que son fuera de la ley se hacen las observaciones e investigaciones pertinentes”, dijo.
“La posición de la ANUIES es que se sancione a quien haya cometido delitos siempre dentro del margen de la ley”.
Señaló que la postura, tanto de la asociación como de las instituciones que la integran, es pronunciarse por la transparencia y la rendición de cuentas, y destacó que el involucramiento en el esquema de desvío de recursos no está relacionado con la calidad de autonomía de las instituciones.
“La ANUIES se ha pronunciado siempre por el tema de la transparencia y la rendición de cuentas. Las investigaciones (en que) están involucradas algunas instituciones de educación superior, tanto autónomas como no autónomas, esto es importante porque no es un tema de autonomía sino de investigaciones que por parte de la ASF se hicieron auditorías a diferentes instituciones y determinaron algunas observaciones, las que se están solventando muchas de ellas por parte de las instituciones involucradas. Las que no, la ASF las turna a la FGR y esta determina si abre o no carpetas de investigación”, señaló.
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