MRS / Revista Punto de Vista / 11 de junio 2025
La reciente resolución del Tribunal Electoral de San Luis Potosí que anula la reelección de Sara Rocha Medina como presidenta estatal del PRI no es un mero trámite jurídico. Es la radiografía de un partido que, pese a su discurso de renovación, sigue prisionero de sus viejos vicios. La exclusión “indebida” de cinco consejeros políticos –reconocida incluso por la propia Comisión Nacional de Justicia Partidaria del tricolor– no fue un error técnico, sino un síntoma de la cultura autoritaria que persiste en sus estructuras.
La magistrada presidenta Denisse Porras Guerrero fue contundente: al vulnerarse los derechos de participación y defensa de los consejeros excluidos, toda la cadena de actos posteriores queda contaminada, incluyendo la asamblea del 3 de diciembre que “ratificó” a Rocha Medina. El Tribunal no sólo ordena repetir el proceso, sino que exige hacerlo bajo supervisión judicial y ajustándose a los estatutos priistas. La ironía es profunda: el partido que durante décadas moldeó el sistema electoral mexicano hoy requiere tutela externa para cumplir sus propias reglas.
La incapacidad para garantizar procesos internos limpios evidencia la crisis de credibilidad de los partidos. Si ni siquiera pueden gestionar su democracia interna, ¿cómo aspiran a dirigir la democracia nacional?. La exclusión de consejeros refleja una práctica recurrente: el control desde cúpulas que temen más a la disidencia interna que a la oposición externa. Es el mismo sistema electoral que el PRI ayudó a construir –ahora autónomo– el que lo obliga a enmendar sus errores. Una lección de que las instituciones, cuando funcionan, pueden imponerse a los intereses de grupo.
La anulación llega en un momento crítico para el tricolor. Tras su peor derrota histórica en 2018 y una recuperación aún frágil, la incapacidad de sanear sus prácticas internas en estados clave como SLP socava su discurso de renovación. Mientras intentan recomponer el partido a nivel nacional, estas fracturas locales exhiben la resistencia de viejos grupos a ceder espacios de poder.
El Tribunal no fijó plazo para repetir la elección, dejando al PRI en un limbo organizativo. Pero la omisión más grave es de fondo: no existe sanción a quienes perpetraron la exclusión. La reposición del proceso, sin consecuencias para los responsables, convierte la justicia partidista en un mero trámite correctivo, no disuasivo.
La orden del TEESLP es una oportunidad para que el PRI potosino demuestre si realmente puede ejercer una democracia interna transparente. Pero el verdadero desafío es cultural: ¿Podrá un partido con ADN vertical aprender a convivir con la pluralidad? Mientras los partidos sigan viendo la inclusión como una amenaza y no como un valor, estas anulaciones judiciales serán solo déjà vu institucional.
La lección es clara: en política, los atajos para concentrar poder suelen llevar a callejones sin salida. La refundación del PRI –y de cualquier partido– no pasa por discursos, sino por permitir que la democracia que predican ante la sociedad, empiece por sus propias puertas.
