MRS / Revista Punto de Vista / 18 de Febrero 2025
La reciente publicación del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024 por Transparencia Internacional es un golpe contundente para México. Con una caída al puesto 140 de 180 países y una calificación histórica de 26/100, el país no solo retrocede en la lucha contra este flagelo, sino que evidencia el fracaso de un sistema político y judicial cómplice de la impunidad. El discurso de la “transformación” prometida por la administración de Andrés Manuel López Obrador se desvanece ante una realidad innegable: la corrupción en México sigue siendo el cáncer que devora las instituciones.
México ha pasado de una calificación de 31/100 a 26 en solo un año, marcando su peor registro desde que se mide el IPC. Este descenso no es un dato aislado, sino el reflejo de años de opacidad, negligencia y una justicia secuestrada. El informe señala la debilidad del Poder Judicial como un factor clave: casos emblemáticos como Odebrecht y Segalmex —escándalos que implican a funcionarios de alto nivel y desvíos millonarios— permanecen estancados, enviando un mensaje claro: en México, la corrupción se premia con el silencio.
La comparación regional es igualmente reveladora. Mientras Uruguay (76), Chile (63) y Costa Rica (58) lideran en América Latina, México se hunde entre países como Guatemala (25) y Venezuela (10), naciones históricamente asociadas a crisis institucionales. ¿Cómo es posible que un país con la economía más grande de la región después de Brasil sea superado incluso por naciones con menores recursos? La respuesta es sencilla: aquí, la corrupción no es una anomalía, sino un mecanismo de poder.
El informe destaca otro drama: México, junto con Brasil y Colombia, encabeza la lista de asesinatos de defensores ambientales. El 80% de estos crímenes a nivel global ocurren en Latinoamérica, con 794 casos desde 2019. Cada número representa una vida arrebatada, un territorio devastado por intereses económicos y un Estado que mira hacia otro lado. La conexión con la corrupción es directa: la colusión entre autoridades y grupos que explotan recursos naturales ilegalmente perpetúa un ciclo de violencia y despojo.
López Obrador llegó al poder con una retórica feroz contra la corrupción, pero su administración cierra con el peor indicador en la historia del país. Aunque ha impulsado medidas como la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera, los resultados son inexistentes. La opacidad en contratos públicos —como los vinculados al Tren Maya—, el desmantelamiento de organismos autónomos de fiscalización y el trato complaciente hacia aliados políticos investigados por corrupción han minado la credibilidad.
Peor aún: la estrategia de “abrazos, no balazos” parece extenderse a la impunidad. Al priorizar la lealtad sobre la rendición de cuentas, el gobierno ha normalizado la idea de que algunos casos “no importan” o son “persecución política”. Así, la corrupción se enraíza mientras la ciudadanía pierde fe en la democracia.
México no necesita más discursos, sino acciones concretas: un Poder Judicial independiente, fiscalías autónomas con recursos reales, protección efectiva a defensores de derechos humanos y transparencia en el uso de fondos públicos. También requiere una sociedad que exija justicia sin miedo.
Dinamarca (90) y Finlandia (88), líderes del IPC, demuestran que la integridad es posible cuando las instituciones funcionan. México, en cambio, parece resignado a su lugar entre los países donde la corrupción es un deporte nacional. Este informe no es solo una advertencia: es un llamado a despertar. La pregunta es: ¿Habrá alguien dispuesto a escucharlo?
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