La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de la decisión de la Cámara de Diputados de recortar 950 millones de pesos a su presupuesto de 2019 y la reducción de salarios, pero negó la suspensión.
En el acuerdo publicado este martes, el ministro Alberto Pérez Dayán explicó que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) ya entró en vigor y por tanto no se le pueden dar efectos restitutorios a la suspensión, por ser una medida cautelar que tiene como propósito preservar la materia del juicio.
Por ello instruyó notificar a las autoridades responsables, a fin de que en el plazo de 30 días hábiles contados a partir del siguiente en que surta efecto la notificación, manden la Corte los informes correspondientes y copia certificada de los antecedentes que les toque sobre la iniciativa, discusión y aprobación del presupuesto.
En la controversia constitucional que presentó el INE argumentó que la reducción de 950 millones de pesos a su presupuesto, aprobado en diciembre pasado, le impedía participar de forma independiente y autónoma en la organización de los procesos electorales que se realizarán este año en cinco entidades del país.
Además, expuso, que el Instituto podría verse impedido de expedir gratuitamente millones de credenciales para votar, fiscalizar los recursos de partidos políticos y monitorear las transmisiones de radio y televisión de los mismos, entre otros señalamientos.
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