Ciudad de México, México. — La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que no revisará sentencias emitidas en el pasado por sus Salas, al confirmar que estos fallos tienen carácter definitivo e inatacable. La determinación, adoptada por unanimidad, puso fin a una controversia que había generado fuertes cuestionamientos hacia la actual integración del máximo tribunal.
La decisión se derivó de una consulta planteada por el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) promoviera una solicitud de revisión contra el amparo concedido por la Primera Sala a una mujer acusada del secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace. La FGR sostenía que era posible reabrir sentencias dictadas en amparos directos atraídos, con el argumento de analizar aspectos de constitucionalidad que no se habrían abordado en su momento.
Sin embargo, el Pleno reafirmó que durante décadas la Corte operó mediante dos Salas cuyas resoluciones tenían la misma jerarquía que las del Pleno, lo que las convierte en decisiones firmes. “Se manda un mensaje a la Nación respecto de la figura de cosa juzgada”, expresó Aguilar durante la sesión.
El único punto de fricción surgió en torno al párrafo 52 del proyecto aprobado. La ministra Lenia Batres insistió en que el fallo no debía interpretarse como un cierre al debate sobre la llamada cosa juzgada fraudulenta, figura que la propia Corte reconoció en noviembre pasado y que permite impugnar juicios mercantiles concluidos cuando se alega la existencia de fraude.
Finalmente, por una votación de seis contra tres, el Pleno decidió mantener dicho párrafo en la sentencia, aunque dejó constancia de que la mayoría se pronunció por eliminarlo. La redacción propuesta por Batres precisó que el criterio aprobado “no prejuzga” la postura que pudiera adoptar la nueva integración de la Corte sobre ese tema específico.
En la misma sesión, el máximo tribunal optó por aplazar la discusión de otro asunto relevante: definir si las fiscalías pueden asegurar bienes sin una orden judicial. Mientras la ministra María Estela Ríos planteó que el aseguramiento es una técnica de investigación de carácter provisional, la ministra Yasmín Esquivel sostuvo que se requiere autorización judicial, al respaldar amparos promovidos contra un aseguramiento realizado por la FGR en la zona de Santa Fe.
