Como en los viejos tiempos, un póster clavado en la pared pone precio a la cabeza de los capos. Se trata de la nueva campaña de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) contra el cartel de Sinaloa. Una ristra de láminas con la cara de siete de sus jefes, desde históricos como El Mayo Zambada a los hijos del El Chapo Guzmán, ha aparecido esta semana desplegada por la frontera. Un recompensa total de 900 millones de pesos -unos 45 millones de dólares- a cambio de información que dé con su captura. Ni los carteles de “se busca”, ni los nombres ni el dinero ofrecido es nuevo, la página web de la DEA lleva años con los mismos anuncios. Lo llamativo ha sido el modo de presentarlos, todos juntos, a la vieja usanza y recorriendo los 3.000 kilómetros de la frontera. Un mensaje de firmeza destinado el vecino del sur en un momento en que la relación de México con EE UU, y en particular con la DEA, se ha tensado tras los recientes desencuentros en materia de seguridad.
El cierre de la unidad de élite mexicana de investigación antidrogas, que durante más de 25 años trabajó mano a mano con su homóloga estadounidense, ha sido el último capítulo de una serie de desavenencias con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El carpetazo al grupo de antinarcóticos, que compartía información confidencial con la DEA y que participó en operaciones clave como la detención de El Chapo Guzmán, se conoció a finales de abril por una información de la agencia Reuters pero la decisión fue tomada hace más de un año. El presidente mexicano defendió su decisión acusando al grupo que trabajaba con al DEA de “fabricar delitos”, “estar infiltrado por la delincuencia” y “hacer lo que querían”.
La supuesta libertad de movimientos en territorio mexicano fue el mismo argumento utilizado por López Obrador hace dos años para poner coto a la actividad dentro del país de los servicios de inteligencia extranjeros. Una medida especialmente centrada en los agentes estadounidenses y que fue uno de los primeros focos de tensión con el vecino del norte en plena transición, entonces, con el Gobierno de Joe Biden. Los desencuentros con la DEA de protagonista han sido solo una de las aristas en la agenda de seguridad dentro de relación bilateral, donde también entra el desafío migratorio, que ha centrado buena parte de las últimas conversaciones.
El perfil bajo con el que se manejó el carpetazo del grupo de élite antinarcóticos por parte de ambos gobiernos da una muestra del comprometido momento que atraviesan las negociaciones, que tienen como prioridad echar a andar el nuevo marco de colaboración. El llamado Entendimiento Bicentenario, anunciado formalmente a finales del año pasado, sucede a la Iniciativa Mérida, vigente durante 14 años. El nuevo plan está más volcado sobre el papel hacia la prevención y con más peso de la agenda mexicana. El combate al tráfico de armas, una de las demandas históricas de México, es una de las cuestiones que ha ganado relevancia, pero que sigue necesitando de progresos diplomáticos para hacerse realidad.
El rastro del fentanilo
En ese contexto se produce la llamativa campaña de la DEA contra el cartel de Sinaloa. “No es inusual la recompensa, pero sí la voluntad de hacerlo tan público. Puede interpretarse como una señal de que la relación con la DEA se ha deteriorado y lanzan un mensaje de que van a por ellos aunque para el Gobierno de México no sean una prioridad”, apunta el analista de seguridad Alejandro Hope. Pese a la consolidación de la militarización impuesta por López Obrador con la creación de la Guardia Nacional y el despliegue masivo del Ejército en las calles, la estrategia del Gobierno está más centrada en la contención que en el ataque hacia las mafias del crimen organizado. Una política encarnada en uno de los lemas preferidos del presidente: “abrazos y no balazos”.
Las cifras de la violencia, sin embargo, apenas dan un respiro. Al cierre del año pasado, al cruzar el ecuador del sexenio obradorista , se registró una interrupción de la tendencia al alza de los asesinatos, una leve caída del 4% desde el techo alcanzado hace dos años. Mientras tanto, al otro lado de la frontera la espiral de muertes provocada por las sobredosis de opiáceas sintéticos continúa desbocada. Solo el año pasado provocó en EE UU más muertes que la suma de fallecidos por armas de fuego y accidentes de coche, según cifras oficiales. Las autoridades estadounidenses mantiene la alerta roja ante la epidemia del fentanilo, un potente opiáceo químico 50 veces más fuerte que la heroína y cuyo rastro pasa cada vez más por México.
“EE UU percibe un cambio importante a partir de 2019″, añade el experto en seguridad. “China comienza a imponer controles a la exportación de fentanilo en formato acabado. México deja por tanto de ser un país de tránsito para esta droga y empieza a producirla a partir de los precursores asiáticos”. La fabricación de pastillas de otras drogas cortadas con fentanilo está detrás de la crecida de muertes por sobredosis involuntarias y es una de las máximas preocupaciones de la agencia de drogas estadounidense. Y ahí aparece con fuerza la mafia de Sinaloa, con presencia en 14 de los 32 Estados mexicanos según un reciente estudio, y cuyos laboratorios de fentanilo son uno de sus negocios más lucrativos.
