MRS / Revista Punto de Vista / 26 de Septiembre 2024
La reciente declaración del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, en la que condena la orden de un juez de Colima para suspender la elección de jueces, magistrados y ministros, plantea una serie de interrogantes sobre el equilibrio de poderes y el respeto a la legalidad en nuestro país. Monreal califica la decisión judicial como “una intromisión grosera” y desafía al Instituto Nacional Electoral (INE) a ignorar dicha orden, argumentando que proviene de un “órgano incompetente”. Sin embargo, esta postura merece un análisis crítico.
En primer lugar, es fundamental recordar que el Estado de derecho se basa en la separación de poderes y el respeto a las decisiones judiciales. Al descalificar la resolución del juez Francisco Javier García Contreras, Monreal no solo cuestiona la competencia del órgano judicial, sino que también socava la confianza en el sistema de justicia. Ignorar una orden judicial, bajo el argumento de que es “ilegal”, abre la puerta a la anarquía y al desprecio por la ley, lo que podría tener consecuencias devastadoras para la democracia.
Además, el hecho de que existan múltiples suspensiones contra la reforma al Poder Judicial sugiere que hay un debate legítimo sobre la constitucionalidad de dicha reforma. En lugar de desestimar las decisiones de los jueces, los legisladores deberían tomar en serio estas suspensiones y reflexionar sobre la necesidad de un diálogo más profundo y respetuoso con el poder judicial. La democracia no se construye a base de descalificaciones, sino a través del respeto mutuo y la colaboración entre los distintos poderes del Estado.
Monreal también menciona que el INE debería continuar con su trabajo, a pesar de la orden judicial. Este llamado a la desobediencia civil, por parte de un líder político, es preocupante. Promueve la idea de que las instituciones pueden actuar al margen de la ley, lo que podría desencadenar un ciclo de impunidad y corrupción. En un país donde la justicia es ya un bien escaso, esta postura no hace más que perpetuar la desconfianza en las instituciones.
Finalmente, el papel del INE es crucial en este contexto. Como organismo autónomo, su responsabilidad es garantizar la legalidad y la transparencia en los procesos electorales. Actuar en desacato a una orden judicial no solo comprometería su integridad, sino que también sentaría un peligroso precedente para futuras elecciones y reformas.
La declaración de Ricardo Monreal no debe ser vista como una simple defensa de una reforma, sino como un llamado a la reflexión sobre el estado de nuestra democracia. Es imperativo que todos, desde los legisladores hasta los ciudadanos, respetemos las decisiones judiciales y trabajemos juntos para fortalecer nuestras instituciones. Solo así podremos asegurar un futuro en el que la legalidad y el respeto a los derechos fundamentales prevalezcan sobre los intereses políticos.
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