MRS / Revista Punto de Vista / 12 de Marzo 2025
La elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), jueces y magistrados se ha convertido en un tema que desnuda las contradicciones de un sistema que se autoproclama democrático, pero que en la práctica opera bajo mecanismos opacos y controlados por el poder político. El proceso que se avecina para designar a las personas juzgadoras en el ámbito federal y local no solo plantea dudas sobre su legitimidad, sino que evidencia una realidad incómoda: la selección de candidatos ha sido secuestrada por intereses partidistas, en particular por MORENA, el partido en el gobierno. Lo que se vende como un ejercicio de participación ciudadana parece, más bien, un guion ya escrito, una farsa en la que el pueblo solo tiene un papel secundario.
Se afirma que el domingo 1 de junio, los ciudadanos tendrán la oportunidad de “elegir” a quienes ocuparán cargos clave en el Poder Judicial. Sin embargo, las listas de candidatos revelan un patrón inquietante: la mayoría son aliados políticos de MORENA, seleccionados bajo criterios de lealtad antes que de mérito o independencia. Este proceso, lejos de ser transparente o plural, se asemeja a una puesta en escena cuidadosamente orquestada. Los candidatos no emergen de un debate público robusto, ni de un mecanismo auténtico de evaluación técnica. Por el contrario, son impuestos desde las cúpulas partidistas, reduciendo la elección a un mero trámite simbólico.
¿Dónde queda aquí la voz del pueblo? La participación ciudadana, en lugar de ser un ejercicio de soberanía, se convierte en un acto de validación forzada. Votar en estas condiciones no es un derecho, sino un ritual vacío: las cartas ya están marcadas, los nombres ya están decididos. Quienes acudan a las urnas el primer domingo de junio no serán partícipes de una decisión colectiva, sino espectadores de un circo político donde la ilusión de elección es el número principal.
La independencia judicial es un pilar fundamental de cualquier democracia. Cuando los cargos en el Poder Judicial son ocupados por figuras afines al partido en el gobierno, se socava la capacidad de este poder para actuar como contrapeso. Los jueces y magistrados no deben su lealtad a una ideología o a un líder, sino a la Constitución y al Estado de derecho. Sin embargo, la cooptación de estos espacios por parte de MORENA —algo que, cabe recordar, también han hecho otros partidos en el pasado— amenaza con convertir la justicia en un apéndice del Ejecutivo.
Este escenario no sólo deslegitima al Poder Judicial, sino que envía un mensaje peligroso: la impunidad y la parcialidad podrían institucionalizarse si quienes juzgan responden a agendas políticas y no a criterios jurídicos. ¿Cómo confiar en sentencias o resoluciones si los operadores de justicia son percibidos como extensiones del partido gobernante?
Ante esta simulación, la sociedad tiene dos caminos: la resignación o la denuncia. Quienes defienden el proceso argumentan que es un avance democrático, pero lo cierto es que una elección sin opciones reales no es democracia, sino su caricatura. La inclusión de candidatos previamente filtrados por el partido en el poder convierte la votación en un acto de legitimación de una decisión ya tomada.
Es necesario exigir mecanismos transparentes de selección, donde el mérito profesional, la trayectoria intachable y la independencia sean los criterios centrales. Además, se debe demandar que el Legislativo y los órganos autónomos asuman su rol de garantes, impidiendo que el Judicial se convierta en botín político.
Frente a este panorama, algunos se preguntan si vale la pena participar en una elección amañada. La respuesta no es simple: votar podría interpretarse como avalar el circo, pero abstenerse también implica ceder espacio al control absoluto del poder. Quizá la verdadera resistencia esté en usar las urnas para expresar rechazo —con votos nulos o marcando alternativas críticas—, mientras se construyen alternativas desde la sociedad civil y los medios para exponer la simulación.
La democracia no se reduce a depositar una boleta en una urna; se trata de un sistema que exige transparencia, equilibrio de poderes y rendición de cuentas. Lo que hoy vivimos es una advertencia: si permitimos que la justicia se politice, todos perdemos. El primer domingo de junio no será una fiesta cívica, sino un recordatorio de que la lucha por una auténtica democracia está lejos de terminar.
