La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) rechazó citar a comparecer al presidente Andrés Manuel López Obrador por la investigación que se tiene en contra de su hermano Pio López Obrador, a quien se acusa por delitos electorales.
Así lo determinó Héctor Sánchez Zaldívar, titular de la cédula B-II-1 de la FEDE, que mediante un acuerdo informó que “no resulta procedente citar al presidente de la República ante este Órgano Ministerial a efecto de que comparezca a rendir su declaración ya que en ese dispositivo jurídico se establece de manera expresa la excepción de comparecencia del titular del ejecutivo federal”.
Pese a lo anterior el funcionario especificó que el presidente podrá comparecer si previamente renuncia a su derecho a no comparecer, establecido en el Código Penal de Procedimiento Penales, por lo que dejó la puerta abierta para que el mandatario aún pueda declarar en el proceso que se sigue en contra de su hermano por el presunto financiamiento ilícito de campañas electorales del partido Morena.
En respuesta Pablo Hernández Romo, abogado del hermano del presidente, pidió a la Fiscalía reconsiderar su postura y citar a comparecer al presidente para no obstruir la justicia, ya que aseguró que el mismo mandatario federal ha expresado su voluntad de declarar.
El pasado 12 de agosto la defensa legal de Pio solicitó al Ministerio Público que se tomará la declaración del presidente en la carpeta de investigación de su defendido al considerar que ésta resultaba fundamental para aclarar el destino de los recursos que presuntamente fueron desviados para Morena.
La investigación en contra del hermano del presidente inició luego de que en agosto de 2020 apareció en un video grabado en 2015 mientras recibía dinero en efectivo por parte de David León, que en ese entonces trabajaba como operador político de Manuel Velasco, gobernador de Chiapas.
Por esa situación los partidos de oposición denunciaron a Pío López Obrador porque el propio presidente reconoció en una conferencia de prensa que dichos recursos eran “aportaciones” para que su partido Morena, fundado en 2014, compitiera por primera vez en las elecciones legislativas de ese entonces, información que no fue transparentada ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
Derivado de este asunto el hermano del presidente tramitó un amparo ante un juzgado para ampararse contra la dilación de más de dos años por parte del órgano perteneciente a la Fiscalía General de la República a quien acusó de no determinar el no ejercicio de la acción penal en su contra.
Sobre este caso, el pasado 22 de julio la FEDE informó que la investigación seguía abierta, a pesar de que previamente se había informado sobre un proyecto de resolución en el que se indicaba que efectivamente la Fiscalía buscaba darle carpetazo al asunto.
