Al menos 300 servidores públicos de la Fiscalía General de la República (FGR) fueron notificados de su baja a partir del primero de enero, principalmente peritos, elementos de la Policía Federal Ministerial y Ministerios Públicos.
Ello, ha ocasionado inconformidad de los liquidados por la FGR, muchos de los cuales se negaron a firmar y de inmediato se dieron a la tarea de ampararse ante la baja sin argumentos legales o laborales por parte de la institución a cargo de Alejandro Gertz Manero.
Aunque la Fiscalía General de la República no ha emitido ninguna información sobre el tema, en redes sociales se han difundido videos de la forma en que se les fue notificado a los peritos y agentes de la Policía Federal Ministerial sobre la conclusión de su relación laboral con la FGR.
A nivel central y en las delegaciones que la FGR tiene en las 32 entidades del país, el personal fue notificado con un oficio que su relación “administrativa” con la institución se daba por concluida a partir del primero de enero.
“Le informo que se da por terminada su relación administrativa con la hoy Fiscalía General de la República, con efectos legales a partir del 01 de enero de 2022. Razón por la cual se solicita que de manera inmediata realice la entrega de los asuntos que tenga a su cargo, así como los recursos materiales, financieros y tecnológicos que, en su caso, se le hayan asignado con motivo de sus funciones al área administrativa que se lo requiera”, se lee en uno de los oficios firmado por David Zepeda Jones, coordinador general de Servicios Periciales.
En los oficios, notificados personalmente a los servidores públicos dados de baja, se establece que los despidos obedecen a que las plazas serán suprimidas a partir del próximo año por la reestructuración en la institución.
“Le notifico que la plaza que ocupa será suprimida por razones presupuestales, dado el nuevo modelo al que se transita y a efecto de conformar la nueva estructura de la Fiscalía General de la República y fortalecer las actividades sustantivas que le fueron encomendadas”, agrega en uno de los oficios, firmado por Manuel de Jesús Gómez Rojas, director general de Mandamientos Ministeriales y Judiciales.
En algunos casos se ofrece al personal continuar con su trabajo si acepta una reducción salarial, un cambio de actividades o bien firmar contratos cada tres meses.
Debido a ello, una asociación civil que defiende los derechos laborales de los policías acusó que el despido se debe a que se busca sustituir al personal civil con militares.
“La Agencia de Investigación Criminal no puede desaparecer para poner militares en su lugar, por ello es que vamos a implementar los amparos necesarios. No podemos permitir que se militarice de esta forma tan descarada la seguridad pública y a costa, precisamente, de todos los años de servicio que ya llevan ustedes”, expuso en un video Iván Chávez, presidente de Ciudadanos Uniformados A.C..
El activista hizo un llamado para que el personal que desee continuar en su trabajo no firme la renuncia y presente una demanda de amparo.
