El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que solicitó al Poder Judicial 46 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos de diversos municipios del Estado de Guerrero por delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada en relación con el caso de los 43 normalistas de desaparecidos de Ayotzinapa.
“Es necesario dejar muy claro que estos delitos no habían sido ni investigados, ni judicializados, en las diligencias que en su momento realizó la Procuraduría General de la República”, dijo.
Gertz Manero señaló que dichas órdenes solicitadas se unen a las ya obtenidas el pasado 10 de marzo, en contra de funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República, entre ellos, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, quien, dijo, huyó del país, y que ya cuenta con orden de aprehensión y con ficha roja de la Interpol, para su localización a nivel internacional.
Más tarde precisó en una entrevista radiofónica que se le tiene ubicado. “Tomás Zerón vio venir lo que estaba pasando y se fue de México…nosotros ya sabemos dónde está”.
El fiscal adelantó que se enviaron nuevos restos humanos a la Universidad de Innsbruck, que fueron encontrados durante esta nueva administración y nueva investigación.
“Se esperan resultados de inmediato”, informó sin dar mayores detalles y agregó que “se acabó la verdad histórica”.
Según la versión oficial del Gobierno del entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, conocida como la “verdad histórica”, la noche del 26 de septiembre de 2014, 43 jóvenes normalistas fueron detenidos por policías municipales y entregados a integrantes de Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura.
Investigadores independientes descartaron la posibilidad de que fueran calcinados los cuerpos y el actual Gobierno, que preside Andrés Manuel López Obrador, reabrió las investigaciones.
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