MRS/ Revista Punto de Vista / 15 de Julio 2025
La noticia huele mal. Huele a impunidad, a podredumbre institucional. Hernán Bermúdez, quien fue secretario de Seguridad Pública en Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López, se fugó del país justo cuando se giró una orden de aprehensión en su contra. ¿Su ruta? Panamá, España y, al parecer, Brasil. Un destino nada casual, gobernado por el aliado de AMLO, Lula da Silva.
¿Y de qué se le acusa? De algo muy grave: proteger a “La Barredora”, una organización criminal implicada en narcotráfico, robo de combustible, extorsión y trata de personas. No se trata de una nota policiaca más, sino de un capítulo oscuro que retrata a la perfección la profunda crisis de justicia y seguridad que vive nuestro país.
Que un exfuncionario de ese nivel, encargado de velar por la seguridad de los tabasqueños, huya como cualquier delincuente, es una cachetada para todos. Bermúdez no era un policía más; era el jefe de jefes en materia de seguridad estatal. Su escape levanta preguntas incómodas: ¿Tuvo ayuda desde dentro? ¿Nadie lo vigilaba? ¿Ninguna alerta migratoria? ¿Alguien miró para otro lado?
Y luego está la parte política. La cercanía de Bermúdez con Adán Augusto, hoy hombre fuerte de la 4T, no puede pasarse por alto. Tampoco la elección de Brasil como posible refugio. No son detalles menores. Son piezas de un rompecabezas que sugiere redes de protección que van más allá de las fronteras.
Este caso manda un mensaje devastador: en México, el poder –ya sea político o criminal– sigue siendo un escudo contra la ley. Si quien debía perseguir a los delincuentes ahora es acusado de protegerlos, ¿qué le queda al ciudadano común?
Las acusaciones no son cualquier cosa. Se habla de complicidad con una organización que trafica personas, vende droga, roba combustible y extorsiona. Y mientras tanto, Bermúdez anda de tour internacional, lejos del alcance de la justicia. ¿Cuántos delitos se cometieron bajo su protección? ¿Cuántas víctimas quedaron desamparadas?
Esto, además, alimenta el discurso externo que nos pinta como un país fallido. Donald Trump, con su estilo simplista y su agenda electoral, ya ha usado casos como este para exigir mano dura contra México. Y aunque sus palabras suelen ser más propaganda que propuesta, lo cierto es que fugas como la de Bermúdez le dan argumentos. La corrupción interna y la falta de resultados reales en el combate al crimen sí dañan nuestra imagen y, lo peor, nuestras posibilidades de vivir en paz.
La huida de Bermúdez no es solo la historia de un prófugo. Es el símbolo de un sistema judicial que hace agua por todos lados. Es el reflejo de un Estado que, en muchos casos, no puede –o no quiere– perseguir a los suyos. Es una burla para las víctimas y una bofetada para los ciudadanos que todavía creemos en la justicia.
Este no es momento para discursos de “abrazos, no balazos”. Es momento de actuar con firmeza. La Fiscalía debe ir al fondo, caiga quien caiga. La extradición debe gestionarse con seriedad. Y el gobierno tiene que demostrar que ni el poder político ni las amistades internacionales estarán por encima de la ley.
La pelota está del lado del gobierno. ¿Permitirá que Brasil se convierta en refugio para quienes traicionaron al país? ¿O tomará cartas en el asunto y actuará con la fuerza que exige el momento? La justicia no puede seguir esperando. Tampoco los mexicanos.
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