MRS / Revista Punto de Vista / 25 de julio 2025
Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México en 2018, la fuga de capitales ha sido una constante silenciosa pero contundente en el panorama económico del país. A lo largo de su sexenio, salieron del país más de 349 mil millones de pesos invertidos por extranjeros en valores gubernamentales. Esta cifra, sin precedentes en la historia reciente, evidencia una clara pérdida de confianza en las políticas económicas adoptadas durante su administración. Lo más preocupante es que esta salida masiva de dinero no se debió a un entorno financiero internacional adverso ni a una crisis macroeconómica global, sino a decisiones políticas y administrativas que generaron incertidumbre, como la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la toma de las vías de Ferrosur por parte del Ejército o los intentos de reformas energéticas que daban prioridad a empresas estatales en detrimento de la inversión privada.
La política energética nacionalista impulsada por López Obrador fue una de las principales causas de la desconfianza empresarial. En lugar de fomentar la competencia y atraer inversión en energías limpias, se apostó por fortalecer a Pemex y a la CFE, incluso cuando ambas empresas presentaban graves problemas financieros y operativos. El resultado fue una disminución notable en la inversión extranjera directa, en particular en sectores estratégicos como el energético. Uno de los casos más representativos de esta situación es el de la empresa española Iberdrola. Durante el gobierno de López Obrador, la empresa fue acusada públicamente de abusos en el sector eléctrico, multada con cifras millonarias y, finalmente, obligada a vender al Estado mexicano 13 de sus plantas de generación por cerca de 6 mil millones de dólares. Este episodio fue calificado por muchos analistas como una especie de nacionalización disfrazada.
Con la llegada del nuevo sexenio, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, se esperaba un giro hacia políticas más equilibradas y con mayor apertura a la inversión privada. Sin embargo, los primeros meses del nuevo gobierno parecen indicar lo contrario. Iberdrola ha anunciado ahora la venta del resto de sus activos en México —15 plantas de generación eléctrica— por un valor estimado de 4 mil millones de euros, con la intermediación del banco Barclays. Esta decisión marca su salida definitiva del país y confirma que el entorno para la inversión privada sigue siendo percibido como riesgoso e inestable. Resulta alarmante que una de las mayores generadoras eléctricas privadas del mundo, que durante años apostó por México como mercado estratégico, haya decidido cerrar completamente sus operaciones aquí para enfocarse en países como Reino Unido y Brasil, donde las reglas del juego son más claras.
La salida de Iberdrola no es un caso aislado. Es la señal más reciente de un fenómeno que ya arrastra años de advertencias desoídas: México está perdiendo atractivo como destino de inversión. La falta de seguridad jurídica, los cambios constantes en la legislación energética, la intervención directa del Estado en sectores estratégicos y el discurso polarizante contra las empresas privadas han contribuido a sembrar un clima de desconfianza. En lugar de apostar por reglas claras, incentivos a la innovación y colaboración entre lo público y lo privado, se ha optado por el control centralizado y la confrontación.
El reto para la administración actual no es menor. Si no se logra recuperar la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros, el país no solo continuará perdiendo capitales, sino también empleos, innovación tecnológica y oportunidades de desarrollo sostenible. México no puede darse el lujo de seguir expulsando empresas que generan energía limpia, pagan impuestos y emplean a miles de personas. La salida de Iberdrola debería ser una señal de alerta, no un motivo de celebración nacionalista. Apostar por la soberanía energética no debe significar cerrar las puertas a la inversión, sino establecer reglas claras, transparentes y justas que garanticen beneficios para todos: gobierno, empresas y, sobre todo, ciudadanos.
