Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU para la Independencia de los Jueces y Abogados, ha expresado su preocupación por los continuos ataques que recibe el Poder Judicial mexicano desde las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador.
A través de sus redes sociales, Satterthwaite destacó su inquietud por el uso indebido de los canales gubernamentales para estigmatizar a los jueces y magistrados, quienes han sido acusados de corrupción. Según la relatora, estos ataques buscan influir en las decisiones judiciales y socavan la autonomía de los juzgadores, poniendo en riesgo su seguridad.
“El hecho de que altos funcionarios, incluido el Presidente, señalen y califiquen públicamente a determinados jueces como ‘corruptos’ o ‘delincuentes’ por sus decisiones es motivo de gran preocupación, ya que dichos funcionarios de alto rango ejercen influencia sobre la percepción pública del Poder Judicial”, afirmó Satterthwaite.
La experta subrayó que la independencia judicial es fundamental para la democracia y advirtió que los jueces no deben ser objeto de amenazas ni correr el riesgo de sufrir daños debido a su trabajo. Aunque reconoció que existen problemas de corrupción dentro del Poder Judicial, Satterthwaite insistió en que deben abordarse a través de los cauces legales y no mediante declaraciones públicas.
“Si bien la corrupción judicial es un tema grave, los esfuerzos para prevenir y sancionar estos actos deben basarse en pruebas y garantizar el debido proceso. Las acusaciones públicas por parte de funcionarios ejecutivos no califican como un método efectivo para combatir la corrupción. Por el contrario, amenazan con influir indebidamente en el personal judicial”, aseveró.
En abril de 2024, Satterthwaite ya había documentado las presiones ejercidas por el Ejecutivo y recomendó tomar medidas para proteger a los juzgadores.
Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) manifestó su preocupación por la reforma al Poder Judicial propuesta por el gobierno. Según Coparmex, la rapidez con la que se pretende discutir esta reforma podría afectar negativamente la confianza para invertir en México, debilitando la independencia judicial y el Estado de derecho.
