MRS / Revista Punto de Vista / 25 de Marzo 2025
La segunda evaluación trimestral del Congreso de San Luis Potosí ha dejado al descubierto una realidad alarmante: 26 de 27 legisladores fueron reprobados en transparencia y productividad. Solo uno —Rubén Guajardo (PAN)— logró una calificación mínimamente aceptable (6.8/10). Los resultados no solo evidencian un órgano legislativo disfuncional, sino un sistema político que prioriza los intereses personales sobre las necesidades ciudadanas, mientras normaliza la opacidad y el incumplimiento de sus obligaciones básicas.
El Congreso se ha convertido en un espacio de simulación. De 144 iniciativas presentadas, solo 32 (22.2%) han sido dictaminadas.
Peor aún: 10 iniciativas fueron presentadas sin análisis de impacto presupuestal. Legislar sin considerar costos es un acto de irresponsabilidad: ¿cómo se implementarán leyes sin recursos? Esto sugiere que los proyectos son meros gestos simbólicos, no herramientas para transformar realidades.
La transparencia es una obligación, no una opción. Sin embargo, el Congreso de San Luis Potosí incumple sistemáticamente la Ley de Transparencia: no publica agendas legislativas, actas de comisiones ni informes de gestión. Su excusa —“Hay expedientes clasificados como reservados”— es un insulto a la inteligencia ciudadana. La opacidad no se reduce a ocultar documentos secretos; implica negar el acceso a información básica sobre decisiones que afectan a millones.
La diputada Frinné Azuara (PRI) faltó al 70% de las sesiones y la diputada Sara Rocha (PRI), al 53%. ¿Qué justifica que quienes ganaron un escaño con votos ciudadanos ignoren sus responsabilidades? El ausentismo no es solo una falta ética: es un robo al erario público y una burla a la representación popular.
En plena era digital, solo dos legisladores —los mejor evaluados— usan redes sociales o páginas web para rendir cuentas. El resto opera en la opacidad, sin mecanismos para escuchar, dialogar o informar. Esta desconexión no es casual: es síntoma de una clase política que ve a la ciudadanía como un estorbo, no como su razón de existir.
Los tres mejor evaluados —todos del PAN y PVEM— apenas rozan la mediocridad (6.8, 5.6 y 4.4 puntos). Los peores, encabezados por Sara Rocha (PRI) con -5.5 puntos, muestran un desempeño catastrófico. Estos números no son abstractos: traducen leyes estancadas, dinero malgastado y una democracia debilitada.
San Luis Potosí tiene un Congreso que no legisla para la gente; que oculta en lugar de explicar; que ausenta en lugar de trabajar. Ante esta crisis, urge un movimiento ciudadano que exija revocación de mandato, sanciones por ausentismo y auditorías independientes. Los legisladores no son dueños del cargo: son servidores públicos. Y si no sirven, deben irse.
La evaluación no es solo un diagnóstico: es un llamado a la acción. La pregunta es si la ciudadanía potosina está dispuesta a tolerar un Congreso que la desprecia.
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