La Procuraduría General de la República (PGR) reconfiguró su acusación contra el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, para modificar delincuencia organizada por asociación delictuosa.
Cerca de las 23:30 horas de este martes, la dependencia presentó formalmente la acusación contra el ex mandatario por este delito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El cambio de delincuencia organizada, por el que se prevén de 20 a 40 años de prisión, a asociación delictuosa, al que le corresponden de 5 a 10 años; se debe a que en el caso contra Duarte no se cumplen los elementos previstos en la ley para que pueda ser sentenciado por ese delito.
Sin embargo, debido a que desde julio de 2017, cuando fue vinculado a proceso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), al ex mandatario le fue impuesta la prisión preventiva justificada por el Segundo de los delitos en razón del riesgo de fuga que representa, no podría solicitar la sustitución de la medida privativa de libertad.
Desde entonces, Duarte de Ochoa permanece en el Reclusorio Norte y de acuerdo con su abogado, Ricardo Sánchez Reyes Retana, en cuanto el juez le notifique a la defensa la acusación de la PGR, cuenta con 10 días para responder y presentar pruebas.
Posteriormente, el juez fijará fecha para la audiencia de etapa intermedia en la que analizará las pruebas y decidirá por qué delitos ordenará la apertura de juicio oral. Duarte fue vinculado a proceso porque según los 82 datos de prueba presentados por la PGR, entre diciembre de 2011 y noviembre de 2016 ordenó el desvío de 438 millones de pesos para la creación de empresas fantasma, la adquisición de bienes muebles e inmuebles, joyas y la realización de depósitos bancarios en cuentas radicadas en Suiza.
La investigación en su contra derivó de una denuncia realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito.
Público pero el ex mandatario permaneció prófugo durante seis meses hasta que en abril de 2017 fue detenido en Guatemala, país desde donde fue extraditado en julio siguiente.
La PGR refirió que entre sus pesquisas detectaron depósitos en diversas cuentas bancarias en Suiza, por lo que mediante cooperación internacional a través de la Confederación Helvética solicitaron información sobre la ruta del dinero en dicho país.
Por este caso han sido sentenciadas las hermanas Nadia y Elia Arzate Peralta, quienes según la PGR, constituyeron la empresa Brades, S. A. de C. V., utilizada para efectuar diversas transferencias de dinero público a las cuentas de testaferros de Duarte de Ochoa.
Las hermanas recibieron condenas de tres años y cuatro meses de prisión debido a que admitieron su responsabilidad en el delito de “lavado” de dinero.
Entre los datos de prueba ofrecidos por la PGR están los testimonios de Alfonso Ortega López, Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de Seguridad Pública de Veracruz y de José Juan Janeiro Rodríguez; también presentó escrituras relacionadas con la compraventa de 21 parcelas ejidales en Lerma, Campeche.
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