Tres millones 548 mil 760.54 pesos gastó la Procuraduría General de la República (PGR) en 2017, en la contratación de servicios profesionales de apoyo a las diligencias y trabajos administrativos del caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
La Oficialía Mayor reportó en un informe que la dependencia requirió de expertos para revisar y supervisar la integración de la averiguación previa en los lugares de búsqueda de los alumnos, y aportar a la oficina, encabezada por Alfredo Higuera Bernal, elementos que lleven a nuevas líneas de investigación. Además, realizó monitoreo de medios impresos y electrónicos respecto a la investigación, y para apoyar al Ministerio Público responsable de supervisar la parte operativa de la indagatoria.
La PGR otorgó, según el documento del tercer trimestre de 2017, más de 30 contratos por honorarios, cuyo monto máximo fue de 356 mil pesos referente a búsqueda de nuevas estrategias en la integración de la información, así como para atender las observaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Destaca otra erogación “por 123 mil 319 pesos, para planear y programar los eventos en los que tengan que participar el responsable de la investigación del caso Iguala [Alfredo Higuera], sean de carácter interno como externo, así como también, organizar, planear y atender las solicitudes de reuniones de trabajo en las que tenga que participar el responsable de la oficina”.
La dependencia celebró ocho contratos por 75 mil 579.63 pesos, cada uno, para apoyo en la creación del informe público de la investigación del caso Ayotzinapa, además para el manejo y control de información sensible y confidencial respecto al mismo asunto.
También requirió los servicios para supervisar la recepción, trámite y resguardo de la documentación relacionada con las pesquisas del caso, así como para la implementación de mecanismos tendientes a preservar la confidencialidad.
Para los padres de los 43 normalistas, los recursos públicos invertidos por las autoridades no reflejan avances para dar con el paradero de los estudiantes. El abogado Vidulfo Rosales acusó que no hay ningún elemento de la policía municipal de Huitzuco y de la Policía Federal, presuntamente involucrados en la desaparición de los estudiantes, detenido.
“En la reunión no dieron ningún resultado, no tenemos ningún capturado, ningún policía municipal de Huitzuco, ningún policía federal. No se nos informa nada respecto a la investigación ni sobre la responsabilidad del Ejército”, indicó.
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