El 7 de noviembre del año pasado, en medio de las protestas de familiares de niños con cáncer por la incertidumbre de continuar con el tratamiento de los menores, la Secretaría de Salud aseguró que con el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) “habrá una atención universal a todos los padecimientos que generan gastos catastróficos”.
En aquella ocasión, la dependencia que preside Jorge Alcocer aseguró que este nuevo organismo absorbería esos gastos, “incluidos todos los tipos de padecimientos oncológicos, así como los análisis clínicos, medicamentos y demás insumos requeridos”.
El Insabi, que tiene un presupuesto asignado para 2020 de 112 mil 538.3 millones de pesos, y de poder disponer de al menos 40 mil millones de pesos que eran del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular, continuará cobrando los servicios de tercer nivel, es decir, los de “muy alta especialidad”.
En este sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo la mañana del miércoles que se resolverá el tema de las cuotas de recuperación para brindar todos los servicios de salud en el país.
“En efecto, eso (cuotas de recuperación) impide que el servicio sea gratuito. Esto se da mucho en hospitales de especialidades, pero se va a llegar a un acuerdo”, aseguró.
Agregó que todos “los servidores públicos tenemos que atender a la gente y no tienen que pagar, ni por la atención médica ni por los medicamentos”.
Además, López Obrador afirmó en su conferencia mañanera que existía un ambiente de corrupción en torno al programa del Seguro Popular, los servicios médicos y la compra de medicamentos por lo que ahora se presentan resistencias
ante la creación del Insabi.
“Hay resistencias porque existían estos monopolios (distribuidoras que vendían el medicamento), ha habido campañas para hablar de desabasto, de falta de medicamentos, han hablado de falta de medicamentos para niños con cáncer, enfermos de sida, todo eso. Bueno, tuvimos que comprar medicamentos en el extranjero. Estamos padeciendo de boicots de parte de los que manejaban este gran negocio”, señaló.
El mandatario detalló que hay resistencias “porque también los que manejaban las cuotas a veces -y no todos- hacían mal uso de esos recursos, o sea, estaba podrido el sistema de salud pública. Entonces, como se están llevando a cabo estos cambios, hay resistencias”.
El Gobierno de México publicó la noche del miércoles en su Twitter una imagen en donde destacó que
todas las personas en el país sin seguridad social tienen derecho a recibir gratuitamente servicios públicos de salud, medicamentos, demás insumos asociados, operaciones y hospitalización.
Más tarde, la directora del Hospital General, Guadalupe Guerrero, informó que se congelarán los aumentos a la cuota de recuperación por servicios de salud y a los pacientes se les reembolsará el dinero adicional que pagaron bajo ese concepto durante los primeros días de enero.
“Por lo pronto se va a suspender la aplicación de esas cuotas de recuperación del 2019, vamos a volver a cuotas de recuperación de 2015 y aquellas personas que hayan pagado con la cuota de recuperación del 2019 se pueden acercar al área administrativa para que se les devuelva lo que pagaron”, afirmó Guerrero a Imagen TV.
En la última semana se generó polémica por la supuesta “gratuidad universal” de los servicios médicos en los centros de salud públicos del gobierno federal, la dependencia argumentó que los Institutos Nacionales de Salud y hospitales federales “brindan atención de tercer nivel, es decir, de muy alta especialidad”.
En un comunicado, la Secretaría dijo que, de acuerdo con el Artículo 54 de la Ley de Institutos Nacionales de Salud, sólo se “atenderán (gratuitamente) padecimientos de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento”.
Aclaró que con respecto al Insabi, éste “sólo brinda servicios médicos en el primer y segundo nivel de atención para todas las personas que no cuentan con seguridad social”.
No obstante, en noviembre, cuando se iba a discutir la minuta en la materia en el Senado de la República, que ya había sido aprobada en la Cámara de Diputados, la dependencia argumentó que la nueva Ley General de Salud “también establece la creación del Fondo de Salud para el Bienestar como un Fideicomiso Público, donde los padecimientos serán atendidos sin restricciones”.
“La transición al nuevo Instituto de Salud para el Bienestar será realizada sin afectación a los servicios médicos y medicamentos que actualmente se prestan por parte de instituciones públicas y privadas. La nueva legislación pretende proveer de servicios de salud de manera gratuita a las personas sin seguridad social”, sostuvo la dependencia.
Al respecto, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), que preside Gibrán Ramírez, señaló que aunque las modificaciones a la Ley General de Salud no mencionan el tercer nivel de atención de manera explícita, “el Artículo 77 bis 29 establece la creación de un Fondo de Salud para el Bienestar para atender enfermedades que representen gastos catastróficos, con la intención de proteger a pacientes y sus familias del riesgo de empobrecimiento”.
Cabe destacar que la Ley General de Salud establece que el Insabi canalizará al Fondo de Salud para el Bienestar el equivalente a 11 por ciento de la suma de los recursos del gobierno federal y de los estados.
De estos, el Insabi supuestamente asignará 8 por ciento a la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos, 2 por ciento a la atención de necesidades de infraestructura preferente en las entidades federativas con mayor marginación social, y 1 por ciento para complementar los recursos destinados al abasto y la distribución de medicamentos y demás insumos, así como al acceso a exámenes clínicos asociados a personas sin seguridad social.
Pero además, instruye a la institución fiduciaria del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud a transferir al Insabi hasta 40 mil millones de pesos del patrimonio del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.
Fuente: AGENCIAS – EL FINANCIERO
