MRS / Revista Punto de Vista / 04 de Septiembre 2024
El reciente llamado del Consejo Empresarial Potosino a un paro nacional en protesta contra la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena plantea una serie de interrogantes sobre el futuro de la gobernanza y la relación entre el sector empresarial y el gobierno. Si bien la intención de los empresarios de manifestar su desacuerdo es comprensible, la forma en que eligen hacerlo merece un análisis crítico.
La decisión de suspender actividades económicas en un país que ya enfrenta desafíos significativos, como la inflación y la recuperación post-pandemia, puede ser vista como un acto de desesperación que, más que soluciones, podría generar un efecto contraproducente. El cierre de empresas y comercios no solo afecta a los dueños y empleados, sino que también repercute en la economía local y en la confianza de los consumidores. En un momento en que la colaboración entre el sector público y privado es crucial para avanzar hacia un crecimiento sostenible, este tipo de acciones pueden exacerbar la polarización.
El dirigente del Consejo, Héctor D’Argence Villegas, afirma que el objetivo es enviar un mensaje “claro y contundente” contra la vulneración de principios fundamentales. Sin embargo, es esencial preguntarse: ¿quiénes son los verdaderos beneficiarios de este mensaje? La respuesta podría ser que, en lugar de fortalecer la democracia y el estado de derecho, este paro podría contribuir a un clima de inestabilidad y desconfianza, tanto en el ámbito empresarial como en el político.
Además, el llamado a la suspensión total de actividades parece ignorar el contexto en el que se desarrolla la reforma judicial. Si bien es válido cuestionar las decisiones del gobierno, también es necesario considerar que el cambio en la estructura judicial puede ser visto como una oportunidad para mejorar la eficiencia y la transparencia en el sistema. La resistencia a estos cambios, en lugar de fomentar un diálogo constructivo, puede perpetuar un ciclo de confrontación que no beneficia a nadie.
Es crucial que el sector empresarial no solo se oponga a reformas que considera perjudiciales, sino que también proponga alternativas viables y constructivas. La historia nos ha enseñado que el verdadero progreso se logra a través del diálogo y la colaboración, no mediante la confrontación. La comunidad empresarial tiene la responsabilidad de ser un actor propositivo en la construcción de un México más justo y equitativo.
El paro nacional convocado por el Consejo Empresarial Potosino, aunque motivado por preocupaciones legítimas, debería ser revaluado en términos de su impacto a largo plazo. En lugar de cerrar puertas, es momento de abrir canales de comunicación que permitan un debate informado y constructivo. Solo así se podrá avanzar hacia un futuro en el que tanto la economía como la justicia puedan coexistir en un marco de respeto y desarrollo.
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