JCCN / Revista Punto de Vista / 29 septiembre 2025
En las entrañas de la Huasteca Potosina, donde el verde de la sierra se mezcla con el olor a crudo, la historia de Gerardo Sánchez Zumaya pasó de ser un ejemplo de éxito empresarial a convertirse en un laberinto de acusaciones millonarias que conectan a las altas esferas del poder, el presunto huachicol fiscal y al hijo de un expresidente de la República.
Originario de la región huasteca, Sánchez Zumaya pasó en apenas tres años de ser un comerciante local con una tienda de ropa llamada Gera’s en Ciudad Valles a convertirse en contratista frecuente de Pemex y en protagonista de un escándalo nacional por presunto lavado de dinero. Como propietario de Petrogesa, una empresa de servicios petroleros, acumuló contratos que, según documentos oficiales, suman al menos 1,850 millones de pesos entre 2021 y 2024. Además, en 2025 Pemex reconoció un adeudo de 23.6 millones de pesos a su favor. Hoy, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo señala por operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 400 millones de pesos, presuntamente vinculados a una red de facturación falsa conocida como “huachicol fiscal”.
El ascenso meteórico de Sánchez Zumaya fue sorpresivo. Hasta 2018 era un empresario modesto, pero con el cambio de administración federal su empresa pasó de no figurar en las listas de contratistas a convertirse en un proveedor recurrente de la petrolera nacional.
Entre los contratos más relevantes destacan: en 2021, 336.5 millones de pesos en la Refinería de Salamanca; en 2022, 598.7 millones en la Refinería de Tula, además de 15.6 millones para reparaciones en la Terminal de Almacenamiento y Despacho de Poza Rica; en 2023, 915.8 millones en la Refinería de Salina Cruz; y en 2024, una propuesta conjunta con Grupo Tecno Fire Services por 1.397 millones de dólares. A todo ello se suma el adeudo de Pemex en 2025 por 23.6 millones de pesos.
La UIF detectó que parte de un esquema de facturación falsa por 1,300 millones de pesos, operado por la empresa Oxygen Human Network, llegó hasta Petrogesa. Al menos 400 millones habrían sido canalizados hacia las cuentas de Sánchez Zumaya y blanqueados mediante compra de dólares, adquisición de arte y triangulación financiera. Así, el empresario quedó señalado no solo como beneficiario de Pemex, sino también como presunto eslabón clave en un sistema de lavado de dinero ligado al huachicol fiscal.
El nombre de Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, aparece en versiones periodísticas y testimonios que lo ubican como un “aval social” de Sánchez Zumaya para entrar a Pemex. Según fuentes del sector, Andy lo presentó en oficinas estratégicas de la empresa, lo que le dio credibilidad como contratista. Sin embargo, no existen documentos oficiales que prueben esa participación. La relación entre ambos se habría cimentado en la Huasteca, donde fueron vistos en eventos sociales y ganaderos.
Otro frente de señalamientos apunta a su relación política con Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación y exgobernador de Tabasco. En noviembre de 2024, el diario Reforma documentó que el empresario presumía públicamente su cercanía con Adán Augusto, lo que alimentó las sospechas de que su ascenso empresarial pudo haber contado con protección política.
En paralelo, el contexto de violencia y contrabando en el Golfo hizo inevitable la comparación con “La Barredora”, grupo criminal tabasqueño señalado como brazo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en operaciones de huachicol y extorsión. Sus líderes han sido detenidos o cuentan con órdenes de aprehensión, entre ellos Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Adán Augusto. Hasta ahora, no existen documentos que vinculen directamente a Sánchez Zumaya con “La Barredora”, aunque su caso se cruza con la misma geografía del huachicol fiscal.
El vínculo más evidente es familiar. En agosto de 2025, Héctor Manuel Portales Ávila, pariente de Sánchez Zumaya, fue detenido como parte de una red de importación ilegal de combustibles en buques, con pérdidas millonarias para el erario. Ese operativo formó parte de una ofensiva federal contra el huachicol fiscal que dejó 14 detenidos, entre ellos marinos y empresarios.
El huachicol fiscal se ha convertido en un fenómeno paralelo al robo de ductos. Consiste en contrabando de combustibles disfrazados como aditivos o lubricantes, evadiendo IEPS e IVA. En 2024 este esquema generó pérdidas fiscales estimadas en 177 mil millones de pesos. Para 2025, un operativo federal dejó 14 detenidos, incluidos marinos y empresarios. Dentro de este panorama, los señalamientos contra Petrogesa encajan en la lógica de empresas que funcionan como proveedores formales y, al mismo tiempo, como intermediarios de dinero ilícito.
En Ciudad Valles aún lo recuerdan como un hombre humilde y trabajador. Pero su repentino ascenso lo volvió objeto de rumores. De camionetas de lujo a compras de tierras, su riqueza transformó la vida comunitaria. “Por un lado, es el ‘Gera’ de siempre, que saluda a todos. Por otro, es un hombre que de la noche a la mañana tenía tanto dinero que ni sabía cómo gastarlo”, comenta un conocido.
Hoy, Sánchez Zumaya enfrenta investigaciones federales y la posibilidad de que su imperio se derrumbe. Su defensa sostiene que los recursos recibidos corresponden a servicios de consultoría reales y que desconocía el origen ilícito del dinero. Pemex, por su parte, ha señalado que revisará los contratos conforme a la ley.
Las preguntas abiertas son muchas y de interés público: ¿Cuál es el estatus del adeudo de 23.6 millones de pesos con Pemex? ¿Hubo auditorías adicionales sobre Petrogesa tras las denuncias de la UIF? ¿Qué dependencias coordinan la revisión de contratos vinculados al huachicol fiscal? ¿Hasta dónde llegará la investigación sobre los presuntos nexos políticos de Sánchez Zumaya?
La historia de Gerardo Sánchez Zumaya es la de un hombre que encarna el sueño de prosperidad huasteca, pero también la del riesgo de que ese sueño se construya sobre contratos opacos, favores políticos y redes de lavado. Petrogesa simboliza el dilema actual de Pemex: proveedores necesarios para mantener la operación, pero también empresas bajo sospecha. El desenlace dependerá de las investigaciones en curso, que pondrán a prueba no solo al empresario, sino también al compromiso del Estado con la transparencia.
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