La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene hasta el próximo viernes 19 de este mes para determinar si admite la primera controversia constitucional contra la Ley de Seguridad Interior que interpuso el ayuntamiento de San Juan Cholula, Puebla.
Su alcalde, José Juan Espinosa, indicó que el pasado 5 de enero, a las 17:00 horas, se presentó el recurso ante el máximo tribunal de justicia del país, que tiene 10 días hábiles para determinar si lo admite y definir qué ministro sería el ponente.
Explicó que el ordenamiento viola los artículos Segundo, Sexto y Décimo Primero de la Constitución en lo que se refiere a las facultades de los municipios en materia de seguridad pública.
“Y el agravio, consideramos, sucede en el momento en que en el supuesto que el Ejecutivo hace una declaratoria de seguridad sobre un municipio deja a un lado el mando de la policía municipal a un comandante que no es el mando dentro del organigrama, cuando el ayuntamiento tiene personalidad jurídica propia”.
Aclaró que, en todo caso, antes de que el Presidente de la República en turno ordene la intervención de las Fuerzas Armadas para hacer labores de seguridad pública, debe contar con el aval del ayuntamiento y de su cabildo.
Espinosa Torres reprochó que el Senado de la República y la Cámara de Diputados hayan excluido de toda la normatividad a los gobiernos municipales.
“Para que el Ejecutivo pueda entrar exactamente a intervenir, a controlar la seguridad pública, tiene que tener la autorización por parte del ayuntamiento. Exactamente, el legislador excluyó a los ayuntamientos en esta ley, cuando los ayuntamientos tienen personalidad jurídica propia. En toda la Ley de Seguridad Exterior se excluye a los ayuntamientos”.
El presidente municipal de Cholula invitó a sus homólogos de todo el país a sumarse a esta controversia o a presentar las suyas propias, así como lo harán las Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en el ámbito de sus competencias.
“Primero estamos invitando a otros ayuntamientos a que hagan lo propio y órganos autónomos con personalidad jurídica que pueden promover una controversia en esos términos o en otros. A nosotros nos toca la parte municipal, derechos humanos tendría que estar presentando sus propios argumentos vinculados a la actividad que es parte de su naturaleza. Pero nosotros como ayuntamiento, la parte que podemos atacar es la parte donde se atenta contra la autonomía municipal”.
Por último, José Juan Espinosa Torres se dijo confiado de que la SCJN les dará la razón y declarará la inconstitucionalidad de los artículos impugnados.
“Nosotros estamos convencidos de que la Ley de Seguridad Interior atenta contra los derechos y obligaciones que tenemos los gobiernos municipales en todo el país”.
Fuente: http://aristeguinoticias.com
