Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha recibido 164 impugnaciones contra el “plan B” de reforma electoral del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. De estas, ha admitido a trámite 132 controversias constitucionales y 8 acciones de inconstitucionalidad. La primera parte del “plan B” ha recibido 161 controversias constitucionales y 7 acciones de inconstitucionalidad, de las cuales se han admitido 131 y 6, respectivamente.
El ministro ponente Alberto Pérez Dayán ha dado trámite a controversias constitucionales promovidas por un promedio de 90 municipios de distintos estados del país, así como por Poderes legislativos y ejecutivos locales. En todas las veces que se solicitó la suspensión, esta fue negada. El pasado 2 de febrero, el propio Instituto Nacional Electoral (INE) utilizó esta vía.
Las 8 acciones de inconstitucionalidad contra la primera parte de la reforma a leyes electorales secundarias fueron promovidas por los partidos de la coalición Va por México (PRI, PAN y PRD), por el partido Movimiento Ciudadano, por el llamado Bloque de Contención del Senado, por legisladores de la Cámara de Diputados y por el partido político Hagamos, de Jalisco. Sin embargo, se admitieron 7 acciones de inconstitucionalidad y se concedió la suspensión del decreto para el efecto de que no rija en los procesos electorales que se encuentran en desarrollo en el Estado de México y en Coahuila.
En cuanto a la segunda parte del “plan B” de reforma electoral, el ministro ponente Javier Laynez Potisek admitió la controversia constitucional presentada por el INE y el 8 de marzo concedió la suspensión solicitada respecto a todos los artículos impugnados para efecto de que las cosas se mantengan en el estado actual y que rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma. Con relación a las dos acciones de inconstitucionalidad admitidas, promovidas por Movimiento Ciudadano y PRD, se negó la suspensión solicitada.
La SCJN ha señalado que en el caso de la primera parte de la reforma electoral, tanto las controversias constitucionales como las acciones de inconstitucionalidad se encuentran en la fase de admisión de demandas, en la cual se recaban las respuestas y argumentos de todas las partes. En el caso de la segunda parte del “plan B”, el plazo para recepción de acciones de inconstitucionalidad venció, mientras que la fecha límite para recibir controversias constitucionales es el 20 de abril.
