El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha recibido luz verde para reanudar sus sesiones con tan solo cuatro integrantes, gracias a una resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en respuesta a su recurso de reclamación.
Este permiso llega después de que el Senado de la República fallara en nombrar a los comisionados pendientes del INAI, una situación que había dejado al instituto prácticamente inoperante en los últimos meses.
La queja 229/2023-CA presentada por el INAI argumentaba que la ministra Loretta Ortiz Ahlf no había otorgado la suspensión necesaria para que el Instituto pudiera seguir funcionando con un número reducido de comisionados.
Durante la sesión del 23 de agosto, los ministros de la SCJN revirtieron la decisión anterior y abrieron la puerta para que el INAI pudiera continuar con sus actividades a pesar de la falta de quorum completo.
La inoperatividad del INAI se había prolongado desde abril, cuando tres de sus comisionados concluyeron su periodo. Esto resultó en que el Instituto no pudiera cumplir con el quorum establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que exige al menos cinco comisionados para llevar a cabo sesiones.
Desde entonces, el INAI solo había podido realizar sesiones extraordinarias para atender resoluciones judiciales que le ordenaban revisar decisiones impugnadas en tribunales. La organización internacional Artículo 19 había urgido al Alto Tribunal a conceder la suspensión, ya que el INAI se encontraba abrumado por la acumulación de 7,570 recursos de revisión sin resolver.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, uno de los críticos más vehementes del INAI, había manifestado previamente su apoyo a la desaparición del instituto, argumentando que los recursos destinados a mantenerlo podrían utilizarse de manera más eficiente en otros lugares. Estas declaraciones habían generado una tensión constante entre el Gobierno Federal y el INAI.
El Pleno del Instituto había expresado su preocupación por las “constantes descalificaciones” del presidente, señalando que estas amenazaban la existencia del organismo y vulneraban los derechos fundamentales consagrados en la Constitución mexicana.
