La Suprema Corte de Justicia de México ha declarado inconstitucional la pena de cadena perpetua, 19 años después de haber validado su aplicación. Este fallo unánime del Pleno de la Corte se centra en el artículo 127 del Código Penal de Chihuahua, que imponía prisión vitalicia a quienes cometieran tres o más homicidios.
Los Ministros y Ministras argumentaron que la cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, infringe el derecho humano a la reinserción social, consagrado en el artículo 18 de la Constitución desde 2008. Este cambio se produce en el contexto del amparo concedido a Juan Carlos Gámez Bernal, condenado por su participación en el asesinato de tres hombres y una mujer en un bar de Chihuahua en 2011.
El efecto del amparo implica que, si la justicia local confirma la culpabilidad de Gámez, se le impondrá una pena de homicidio calificado, que en Chihuahua varía entre 20 y 50 años de prisión, pudiendo acumularse por cada víctima. Así, aunque la Corte no ha eliminado la posibilidad de largas condenas que podrían resultar en una pena de facto vitalicia, su decisión marca un importante precedente.
Es relevante destacar que, al ser dictada en un amparo directo, esta sentencia no tiene efectos generales ni deroga el artículo 127 del código chihuahuense. Sin embargo, el criterio establecido podría complicar futuras extradiciones de capos del narcotráfico a Estados Unidos, donde suelen ser condenados a cadena perpetua. A través de amparos, los extraditables podrían exigir al Gobierno mexicano que solicite a Estados Unidos no aplicar esta pena para facilitar su entrega, similar a lo que ocurre con la pena de muerte, prohibida por la Constitución mexicana.
