JCCN / Revista Punto de Vista / 22 de octubre 2025
La reciente ola de manifestaciones protagonizada por estudiantes de diversas facultades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) representa mucho más que una protesta aislada: es la expresión del hartazgo acumulado ante años de omisiones, silencios y falta de acción efectiva frente a casos de violencia y acoso dentro de la institución.
Los bloqueos en avenidas principales, la toma de la Facultad de Derecho y las pancartas que cubren muros y puertas no son gestos de rebeldía juvenil, sino señales de un profundo quiebre en la confianza entre la comunidad universitaria y sus autoridades. Cuando los jóvenes —que deberían estar concentrados en sus clases y proyectos académicos— se ven obligados a salir a las calles para exigir justicia, es porque sienten que las estructuras institucionales han dejado de responderles.
La agresión sexual denunciada dentro de la Facultad de Derecho no solo es un hecho atroz en sí mismo, sino el reflejo de un entorno universitario que ha tolerado por demasiado tiempo prácticas de impunidad. La respuesta oficial, que incluyó la expulsión de dos alumnos y la renuncia del director de la facultad, resulta insuficiente ante la magnitud del problema. El reclamo estudiantil no se limita a sancionar a los responsables directos, sino a exigir una transformación de fondo en la manera en que la universidad protege a sus alumnos.
Las múltiples voces que piden la renuncia del rector Alejandro Zermeño Guerra, abren un debate necesario: ¿puede una autoridad universitaria seguir al frente cuando ha perdido la confianza de su comunidad? Su llamado no debe entenderse como un ataque político, sino como un cuestionamiento legítimo sobre la eficacia y sensibilidad del liderazgo institucional.
La UASLP, una de las universidades públicas más emblemáticas del país, enfrenta hoy su mayor crisis moral. El reto no es solo sustituir nombres o cargos, sino reconstruir la credibilidad de una institución que se ha visto golpeada por la percepción de encubrimiento y lentitud.
Los estudiantes han hablado con la fuerza de la indignación y la legitimidad que da la búsqueda de justicia. Corresponde ahora a las autoridades —universitarias y gubernamentales— escuchar con humildad y actuar con firmeza. No se trata de apagar una protesta, sino de iniciar una reforma profunda que devuelva a la comunidad universitaria la seguridad, la equidad y el respeto que merecen.
La UASLP no puede seguir mirando hacia otro lado. Este es el momento de asumir responsabilidades y de demostrar que la universidad puede ser, de verdad, un espacio de formación, justicia y dignidad.
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