La Unión Europea ve con temor la propuesta de reforma energética del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, una de las grandes iniciativas que el mandatario quiere llevar a cabo durante su sexenio. Bruselas ha sido el último actor político en sumarse a las dudas sobre la medida. Desde el otro lado del Atlántico se observa con recelo la reforma, que concentra en el Estado la potestad para gestionar los recursos energéticos del país y reduce las capacidades del sector privado para abastecerse de energía de forma independiente. El embajador de la Unión Europea (UE) en México, Gautier Mignot, ha asegurado este jueves que las empresas multinacionales europeas del sector —que, de acuerdo con sus datos, aportan más de 13.000 millones de dólares al país— viven días de incertidumbre, lo que ha hecho que se paralice la inversión privada.
“Actualmente están muy frenadas las nuevas inversiones porque hay un contexto de incertidumbre que hace muy difícil invertir”, ha declarado Mignot, después de un encuentro entre líderes europeos y López Obrador, que ha acudido a la reunión como representante de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). “No se van a retirar todas [las empresas] de México, pero hay algunas que sí o van a reducir mucho sus actividades”, ha añadido el embajador.
La reforma ha abierto una brecha con el sector energético privado mexicano que muchos empresarios ven insalvable, e incluso se plantean, en caso de que la medida sea aprobada, recurrirla en tribunales de arbitraje internacionales. También Estados Unidos, un aliado necesario de México, ha criticado de forma sutil la iniciativa. A principios de noviembre, Ken Salazar, el embajador estadounidense en el país, reconoció que existían diferencias entre ambos Ejecutivos. “Estamos viendo si hay algunos caminos en que podamos llegar a una resolución. No sé si eso sea posible. Lo que sí creo es que tenemos una buena relación con el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador”, declaró el embajador en una conferencia de prensa.
Salazar señaló, además, que las empresas estadounidenses “por supuesto están preocupadas” y que México necesita de esa inversión. En la misma línea, Mignot ha señalado esta tarde que su “posición no es decirle a México que no haga ninguna reforma, eso no nos corresponde a nosotros y tampoco proponer una contrarreforma”, de acuerdo con El Economista. Sin embargo, el representante de la UE ha pedido que López Obrador tome en cuenta “las empresas que han invertido de buena fe, sin ningún problema jurídico, que han aportado al país empleos, mejor protección del medio ambiente al planeta, ingresos fiscales…”.
“Cuando uno tiene un contrato con el Estado”, ha continuado Mignot, “se tiene que respetar, después se puede renegociar, es normal que se adapten las reglamentaciones. Pero también eso se debe hacer en un marco de diálogo”. Además, el embajador ha pedido al Gobierno mexicano que se respeten los objetivos señalados por la comunidad internacional en el Acuerdo de París, un entendimiento de casi 200 países para atajar la emisión de gases de efecto invernadero. Numerosas organizaciones ambientalistas en México temen también que la reforma suponga un retroceso en la lucha contra el cambio climático.
La reforma energética de López Obrador, de aprobarse, propone cancelar contratos con empresas privadas; eliminar la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), de manera que sus atribuciones sean traspasadas a la Secretaría de Energía; y otorgar más poder a la empresa energética pública, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dirigida por Manuel Bartlett. Además, le proporcionaría al Estado el monopolio de la explotación del litio, un mineral de gran valor, denominado “oro blanco”, cuya mayor reserva mundial se encuentra en territorio mexicano.
El mandatario ha defendido en numerosas ocasiones que, por esta vía, lo que se persigue es asegurar el acceso a la energía a bajo costo para el pueblo mexicano, además de garantizar la seguridad energética del país. A menudo, López Obrador ha cargado en su defensa de la medida contra empresas como Iberdrola, a las que acusa de tener demasiado poder político. “Si no se hace la reforma a la Constitución, estas empresas terminan por apoderarse de todo el mercado eléctrico y nos pasaría lo que está sucediendo ahora en España, que las tarifas de luz para el usuario están por las nubes”, señaló el político en la conferencia mañanera de prensa del 11 de octubre.
La propuesta de reforma constitucional de López Obrador, que fue presentada ante el Congreso el pasado 30 de septiembre, se enfrenta a un escenario parlamentario hostil. Para su aprobación, necesita que dos tercios del Senado y la Cámara de Diputados voten a favor, una mayoría con la que no cuenta Morena, el partido del presidente.
