MRS / Revista Punto de Vista / 23 de Julio 2024
Las organizaciones Armed Conflict Location and Event Data (ACLED), Data Cívica, México Evalúa y el medio digital Animal Político presentaron un balance alarmante sobre la violencia político-criminal en México, revelando las implicaciones devastadoras que esta tiene en la democracia mexicana. Un mes después de la jornada electoral de junio de 2024, se hace necesario reflexionar sobre el estado de nuestra democracia y las formas en que la violencia está moldeando nuestra realidad política.
El Índice de Conflictos de ACLED muestra un panorama desolador: México se mantuvo como el país más peligroso del mundo para civiles en 2023. Con más de 43 millones de personas expuestas a la violencia política, según las mediciones de Exposición a Conflictos, es innegable que la violencia se ha convertido en una característica constante de la vida cotidiana en muchas regiones del país. La especialista Sandra Pellegrini destaca que esta violencia es producto de la proliferación de grupos armados no estatales que fragmentan el panorama de conflictos y afectan desproporcionadamente a la población civil.
El proceso electoral de 2023-2024, según Tiziano Breda, estuvo marcado por altos niveles de violencia contra figuras políticas, especialmente contra funcionarios y aspirantes a cargos locales. Este fenómeno no es nuevo, pero la magnitud y la intensidad de los ataques reflejan un deterioro preocupante de la seguridad y la estabilidad política. Aunque gran parte de la violencia es impulsada por la competencia entre grupos de crimen organizado, también se observa que un significativo porcentaje de incidentes incluye disturbios y destrucción de propiedades, lo que sugiere que las luchas de poder locales y los reclamos comunitarios también juegan un papel crucial.
El monitoreo de Votar entre Balas de Data Cívica ofrece cifras contundentes: 130 aspirantes, precandidatos y candidatos fueron atacados durante el proceso electoral, de los cuales 34 fueron asesinados. La violencia no solo amenaza la vida de los candidatos, sino que también busca desarticular la participación política a través del miedo y la intimidación, un punto subrayado por Itzel Soto, coordinadora del proyecto.
El análisis de México Evalúa evidencia la relación directa entre la violencia y la participación electoral. La reducción de dos puntos porcentuales en la participación por cada ataque contra autoridades municipales durante la jornada electoral de junio de 2024 muestra cómo la violencia afecta la legitimidad y la representatividad de nuestras elecciones. Además, Sandra Ley destaca la necesidad de considerar la violencia durante el período de pre-campaña, así como los ataques a una amplia variedad de actores políticos, más allá de los candidatos.
Particularmente preocupante es la violencia dirigida hacia las mujeres. Según México Evalúa, dos de cada diez víctimas de violencia política son mujeres, y estas enfrentan una mayor probabilidad de recibir amenazas y ser atacadas, con un 8% de las amenazas y ataques dirigidos a sus familiares. Céline González señala que esta estrategia busca generar miedo y excluir a las mujeres de la contienda política.
Ernesto Núñez, subdirector de Animal Político, resalta en la serie periodística Votar entre Balas cómo los testimonios de candidatos y votantes respaldan los hallazgos estadísticos sobre la violencia político-criminal. Estos testimonios son un recordatorio de la experiencia vivida por muchos mexicanos y la necesidad de documentar y analizar esta violencia, incluso después de las elecciones.
Finalmente, es preocupante la falta de políticas públicas para proteger a los actores políticos de cara a las próximas tomas de protesta en octubre. Con 19 ataques registrados en los primeros 15 días después de la elección, queda claro que la violencia político-criminal sigue siendo una amenaza constante. Es urgente que se tomen medidas efectivas para salvaguardar nuestra democracia y garantizar que todos los actores políticos puedan participar sin temor a represalias.
La democracia en México enfrenta un reto monumental. La violencia político-criminal no solo pone en peligro la vida de los actores políticos, sino que también erosiona la confianza en nuestras instituciones y debilita el tejido democrático del país. Es fundamental que se implementen políticas públicas robustas y efectivas para proteger a quienes se atreven a participar en la vida política y asegurar que nuestra democracia pueda florecer libre de violencia e intimidación.
