MRS / Revista Punto de Vista / 20 de mayo 2025
En las calles de la capital potosina, un manto blanco cubrió el aire de indignación. No era un símbolo de paz, sino un lamento colectivo. Cientos de mujeres, acompañadas por ciudadanos, marcharon para exigir lo que ningún gobierno debería negar: el derecho básico a vivir sin miedo. Vestidas de blanco —color que enmarcó tanto duelo como esperanza—, alzaron la voz contra la inseguridad que ahoga la ciudad, responsabilizando al alcalde Enrique Galindo Ceballos de su omisión ante una crisis que ya no puede esconderse tras discursos o promesas vacías.
La marcha, que recorrió desde el Jardín de Tequis hasta la Fiscalía General del Estado, no fue solo una protesta más. Fue un memorial en movimiento. Sandra Revilla, asesinada el pasado 10 de mayo durante un intento de asalto, se convirtió en el rostro de una tragedia que se repite diariamente. Su nombre, plasmado en pancartas, recordó a las autoridades que detrás de las estadísticas hay vidas truncadas y familias rotas. “Justicia para Sandra” no es un eslogan; es un reclamo contra un sistema que permite que el 99% de los delitos queden impunes, según datos de organizaciones civiles.
Las consignas de la manifestación apuntaron directamente a la inoperancia de la Policía Municipal. “No nos sentimos seguras”, corearon las asistentes, denunciando que las calles se han convertido en territorios de riesgo. Los robos y asaltos son tan frecuentes que la población ha normalizado el miedo. Pero ¿cómo no hacerlo cuando una autoridad prioriza proyectos cosméticos —como remodelaciones de plazas o festivales— sobre equipar a las fuerzas de seguridad o garantizar vigilancia las 24 horas? La queja es clara: mientras el Ayuntamiento capitalino gasta en lo superfluo, la ciudadanía paga con su tranquilidad.
Exigir que el gobierno municipal destine recursos a equipamiento policial, tecnología de vigilancia y procesos judiciales ágiles no es un capricho, es una necesidad urgente. Las manifestantes lo saben: sin inversión real en seguridad, cualquier plan está condenado al fracaso. Pero la petición va más allá del dinero; es un cuestionamiento a la ética de un liderazgo que parece sordo ante el clamor popular. ¿Qué prioridad puede ser más importante que salvaguardar la integridad de las personas?
Que la marcha haya sido encabezada por mujeres no es casualidad. Ellas son, en muchos casos, las primeras víctimas de la violencia callejera y doméstica, pero también las últimas en ser escuchadas. Su presencia masiva es un recordatorio de que la inseguridad tiene género: caminar solas, usar el transporte público o trabajar en horarios nocturnos se convierten en actos de valentía. Sin embargo, en esta ocasión, transformaron el miedo en acción colectiva.
Al alcalde Enrique Galindo Ceballos le queda una elección simple: ser recordado como el funcionario que ignoró el colapso de su ciudad o como quien supo rectificar. Las manifestantes no piden milagros, sino hechos concretos: cámaras que funcionen, patrullas que respondan en minutos, fiscales que investiguen sin prejuicios. Y, sobre todo, que el presupuesto refleje las verdaderas prioridades: la vida sobre el cemento.
La marcha del pasado domingo 18 de mayo no debe quedar como un evento aislado, sino como un parteaguas. Cuando las mujeres salen a las calles vestidas de blanco, no solo honran a Sandra Revilla; exigen un futuro donde nadie más tenga que ser homenajeado por una muerte evitable. La inseguridad no se combate con discursos, sino con voluntad política. Y hoy, esa voluntad tiene una prueba de fuego: escuchar a quienes, en su dolor, siguen creyendo que otra ciudad es posible.
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