La exsecretaria de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, continuará recluida en el penal de Santa Martha Acatitla, acusada del delito de ejercicio indebido de la función pública, luego que un juez negó otorgarle prisión domiciliaria para que siga su proceso.
El juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, Ganther Alejandro Villar Ceballos, determinó que la prisión domiciliara no resulta procedente en atención a la edad ni a su estado de salud, porque estos últimos han sido atendidos por las autoridades penitenciarias.
Lo anterior, luego que Robles Berlanga y su defensa argumentaron que su estado de salud se ha deteriorado debido a caídas dentro de su celda y su hipertensión había agravado.
Asimismo, para el juzgador aún hay un alto riesgo de que la exfuncionaria federal en el gobierno de Enrique Peña nieto se de a la fuga.
Rosario Robles fue trasladada la mañana de este jueves desde Santa Martha Acatitla al Centro de Justicia Federal con Sede en el Reclusorio Sur.
La audiencia se dio luego de la orden de Augusto Octavio Mejía Ojeda, juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, quien señaló que la sentencia que amparó a la ex funcionaria “no se encuentra cumplida”, tal y como lo ordenó un Tribunal Colegiado. El juez de amparo apercibió a Ganther Alejandro, que de no llevar a cabo la audiencia se dará parte a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “con proyecto de separación del cargo”.
El juez señaló que se incumplió con la instrucción que se le dio al juez federal Ganther Alejandro Villar Ceballos de justificar el motivo por el que tenía que permanecer en prisión, o en su caso cambiarle la medida cautelar por otra.
Mediante el juicio de amparo 678/2020-III, el juez Augusto Octavio Mejía Ojeda, resolvió que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Sur, Ganther Alejandro Villar, “omitió aclarar la contradicción” observada por el Noveno Tribunal Colegiado en el sentido de que el lugar de residencia de Rosario Robles, así como el motivo de su viaje al extranjero y su situación económica no son argumentos válidos para mantener la medida cautelar impuesta.
El 20 de octubre pasado, el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos determinó que “prevalece un elevado riesgo de fuga”, durante una audiencia celebrada la tarde del miércoles.
Durante aquella audiencia, el juez analizó la propuesta de los fiscales de que Robles siga en prisión preventiva, como la propuesta planteada por la defensa, de que siga su proceso en resguardo domiciliario; al final, el juez consideró que una libertad condicionada le facilitaría a la imputada los medios para darse a la fuga.
También argumentó que las condiciones de salud que presenta la exsecretaria de Estado no son un obstáculo para que permanezca en prisión y aclaró, que, al margen de ello, cada que tenga alguna cuestión de salud puede acudir al Juez de Ejecución para solicitar las medidas que ella y su defensa consideren pertinentes.
La exfuncionaria federal ha permanecido recluida en el Reclusorio Sur desde el 13 de agosto de 2019, por el delito de ejercicio indebido del servicio público en su modalidad de omisión, al ocasionar daño al erario federal por más de 5 mil millones de pesos, en el caso de triangulación de recursos conocido como ‘La Estafa Maestra’.
En octubre de ese mismo año, el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna ordenó la prisión preventiva justificada, argumentando que la defensa mintió al menos en tres ocasiones durante la audiencia del 13 de agosto: la primera sobre el domicilio de Rosario Robles, la segunda sobre los motivos de su viaje a Costa Rica y la tercera sobre los ingresos de la exfuncionaria federal.
Tras conocer la resolución que no le fue favorable, Robles acusó al juez Delgadillo Padierna, sobrino de la diputada federal Dolores Padierna, de actuar por “venganza política” y de cometer una injusticia en su contra, así como de violar la ética del cargo por no revelar sus relaciones familiares cuando se le asignó la causa penal relacionada con la llamada “Estafa Maestra”.
