Hoy, a cuatro días de que venza el plazo para que prospere un recurso de esa naturaleza, la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados prevé aprobar el dictamen por el que se dará inicio al proceso de juicio político en contra de Rosario Robles.
La exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), es señalada por un desvío de 3 mil millones de pesos cuando fue funcionaria pública, en la Estafa maestra.
Ese mecanismo de desvío de recursos se desprendió de una investigación periodística basada en los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre las cuentas públicas de 2013 y 2014, en donde se detectó simulación de servicios a través de empresas falsas, lo que habría llevado a un daño patrimonial por 3 mil millones de pesos.
Esa información oficial de la ASF fue el sustento de las denuncias contra Robles Berlanga, y por este caso ya enfrenta un proceso penal, pues presuntamente conoció las irregularidades y no actuó en consecuencia.
La exfuncionaria será sometida a juicio político y es, hasta ahora, la única de alto nivel que enfrenta un proceso penal por ese caso.
De acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el juicio político “sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión, y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones”.
El próximo domingo 1 de diciembre prescribe el plazo para iniciar un juicio de naturaleza política en contra de cualquier funcionario de la anterior administración.
Según el procedimiento previsto en la ley citada, la resolución que dicte la Subcomisión de Examen Previo declarando procedente la denuncia será remitida al pleno de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, “para efecto de formular la resolución correspondiente y ordenar se turne a la Sección Instructora de la Cámara”.
Esta Sección Instructora practicará diligencias para la comprobación de las conductas denunciadas y, en su caso, la intervención en éstas de quien sea señalado como responsable.
“El proceso contempla un periodo de 30 días naturales para recibir las pruebas que ofrezcan el denunciante y el servidor público, así como las que la propia sección estime necesarias”, pero ese lapso podrá ampliarse.
El proceso podría concluir con la declaración de procedencia de juicio político, en cuyo caso se turnaría al Senado, que la enviará a la Sección de Enjuiciamiento; en la Cámara Alta eventualmente podría instalarse en Jurado de Sentencia.
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