En un comunicado reciente, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de México solicitó a más de 20 expresidentes de España y Latinoamérica que se abstengan de “atentar contra la soberanía y la autodeterminación de los mexicanos”. Esta petición surge en respuesta a las críticas emitidas el lunes por los exmandatarios hacia la propuesta de reforma del Poder Judicial presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Dirigido a los integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), el comunicado de los legisladores reprobó “cualquier intento de interferencia externa que busque influir en las decisiones del pueblo de México y en sus procesos políticos internos”. En el escrito, se rechaza categóricamente la declaración de los expresidentes, señalando que “atenta en contra de la soberanía y la autodeterminación del pueblo mexicano” y calificándola como “un acto de injerencia inaceptable en los asuntos internos de nuestra nación”.
Los legisladores subrayaron que la propuesta de reforma es un asunto que debe discutirse internamente, derivado de un mandato popular y con el objetivo de fortalecer la democracia en el país. En su llamado, instaron a respetar la autonomía de México y a “abstenerse de realizar pronunciamientos que puedan ser interpretados como intervencionistas”.
Además, los legisladores defendieron el compromiso de México con el respeto a los derechos humanos y advirtieron que el país continuará en esta línea “sin ceder a presiones externas”. La misiva fue firmada por los senadores Ana Lilia Rivera, Mónica Fernández Balboa y Rogelio Israel Zamora Guzmán, Adriana Bustamante Castellanos, y los diputados Luis Edgardo Palacios Díaz (PVEM) y Benjamín Robles Montoya (PT).
El lunes, más de una veintena de exgobernantes de España y Latinoamérica condenaron la reforma al Poder Judicial, que propone, entre otros cambios, la elección por voto popular de los jueces. Los exmandatarios del Grupo IDEA consideran que la reforma podría servir objetivos ideológicos, fomentar la aplicación de un derecho penal del enemigo y asegurar la reelección indefinida de los gobernantes.
