En medio de las discusiones e investigaciones respecto a la posible sanción que podría recibir la ministra Yasmín Esquivel Mossa por haber cometido plagio en su tesis de licenciatura, un integrante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) presentó una iniciativa ante la Cámara de Diputados.
Se trata de una iniciativa para reformar la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, presentada por el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez.
La adición planteada por el morenista contempla la manera en la que se tendría que actuar, desde las instituciones, cuando se compruebe la comisión de plagio. Para ello, define el plagio como “la apropiación indebida que se realice de ideas, manifestaciones, escritos u obras ajenas con el fin de presentarlas como propias”.
Concretamente, el proyecto de reforma aborda el asunto del plagio en los trabajos realizados con la finalidad de obtener el título y la cédula profesional. Se propone que, ante la sospecha de un posible plagio académico, debe ser la Dirección General de Profesiones (DGP), así como las autoridades universitarias que emitieron el documento, quienes realicen una “investigación exhaustiva” para determinar si existió una apropiación indebida de ideas, además de que se garantizar el derecho de audiencia de la persona inculpada.
No obstante, según se especifica en la iniciativa del diputado, las facultades de la DGP para anular el registro del título profesional y revocar la cédula de ejercicio con efectos de patente prescribirán después de cinco años a partir de la emisión de los documentos.
En otras palabras, desde el momento en que se emite un título o cédula profesional, las autoridades universitarias sólo tendrán un plazo de cinco años para anularlos en caso de que se compruebe la existencia de plagio. Transcurrido ese periodo, no habría manera de imponer dicha sanción.
Si dicha ley fuera aprobada por el Congreso y publicada en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor, las autoridades universitarias se verían imposibilitadas, por ejemplo, para revocar el título de la ministra Yasmín Esquivel, dado que fue emitido el 5 de noviembre de 1987.
De acuerdo con fuentes universitarias consultadas por La Jornada, cuando la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón concluyó que Yasmín Esquivel había plagiado el proyecto de titulación de Édgar Báez lo hizo sólo a través de una comparación entre las tesis, pero no fue llamada a declarar para defenderse, por lo que no se habría respetado el debido proceso.
Hasta el momento, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) mantiene las evaluaciones respecto a las vías disponibles para aplicar posibles sanciones en contra de la ministra.
En un mensaje del 20 de enero, el rector Enrique Graue Wiechers informó el trabajo en conjunto entre la Comisión de Honor del Consejo Universitario y el Comité Universitario de Ética para llevar a cabo el debido proceso y analizar las acciones que se pueden llevar a cabo.
“No puedo ni debo ir mas allá de lo que la normatividad nos permite. Sé muy bien que el prestigio de esta administración y el de nuestra casa de estudios están en entredicho, pero no por eso actuaremos de forma apresurada o irresponsable en respuesta a presiones externas para hacer juicios sumarios”, mencionó el rector.
Bajo esta misma línea, el 2 de febrero el senador Germán Martínez le envió una carta al rector Graue Wiechers en la que le solicitó que la UNAM se guíe “por la ética y por el sentido social”, dado que “tiene plena capacidad jurídica para anular ese título”, el cual habría permitido una “falsa titulación” de la ministra Yasmín Esquivel Mossa.
