Anoche, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado la iniciativa de reforma al Poder Judicial, anunciada la semana pasada, la cual modifica siete artículos de la Constitución.
“Se trata de una reforma integral de largo alcance que transformará de fondo al Poder Judicial, en beneficio de una sociedad más justa para esta generación y para las venideras”, dice el Ejecutivo federal en la descripción de la iniciativa, que pasa a las comisiones dictaminadoras.
La firma de López Obrador y el sello de la Presidencia en cada página formalizan la presentación de la iniciativa dirigida a la líder del Senado, Mónica Fernández.
En su exposición de motivos, el Presidente se refiere a los trabajos de “una reforma con y para el Poder Judicial”, que se llevaron a cabo el 21 de octubre pasado, “con lo que se entabló un proceso de colaboración institucional para trazar el camino hacia una mejor justicia, con pleno respeto a la división de Poderes y a la independencia judicial”.
Así, se pone en marcha la reforma en la que el Ejecutivo federal hace suyo el proyecto de la Corte, la facultad para empezar iniciativas.
El Ejecutivo establece que “con pleno respeto a la división de Poderes, así como a la autonomía e independencia del Poder Judicial debemos contribuir a consolidar su proceso de cambio y renovación, a través de una reforma amplia y profunda”.
El proceso de cambio al que se refiere López Obrador se relaciona con políticas adoptadas en la línea de “combate a la corrupción y al nepotismo, el fortalecimiento de la carrera judicial, capacitación de personal, así como al mejoramiento del servicio de defensoría pública, con el claro objeto de elevar la calidad de la impartición de justicia y hacerla accesible para todos y todas”.
Esta reforma plantea 10 ejes: “Consolidar una verdadera carrera judicial; limitación a la discrecionalidad de los nombramientos otorgados por jueces y magistrados; el establecimiento de políticas que orienten las determinaciones del Consejo de la Judictura Federal”.
Además del reforzamiento de las facultades institucionales anticorrupción.
Fuente: http://www.eluniversal.com.mx
