MRS / Revista Punto de Vista / 17 de Diciembre 2024
El análisis del desempeño del Congreso de San Luis Potosí, a partir de las declaraciones del abogado José Mario de la Garza, revela una situación alarmante en términos de eficiencia y productividad legislativa. Con un presupuesto anual de 310 millones de pesos, el Congreso ha aprobado solo seis iniciativas en un periodo de tres meses, lo que implica un costo exorbitante de 12.9 millones por cada iniciativa. Este desempeño es considerado el peor en años, lo que plantea serias preguntas sobre la gestión y la responsabilidad de los legisladores.
La caída del 50% en la productividad legislativa comparada con la legislatura anterior es un indicador claro de ineficiencia. De las seis iniciativas aprobadas, tres fueron propuestas directamente por el gobernador, lo que sugiere una falta de iniciativa por parte de los propios legisladores. Esta dependencia del ejecutivo para generar propuestas legislativas puede erosionar la autonomía del poder legislativo y su capacidad para actuar como un contrapeso efectivo.
La falta de transparencia es otro aspecto crítico que se destaca en este análisis. No se han publicado agendas y muchas iniciativas carecen de un análisis adecuado sobre su impacto presupuestal. Esto no solo dificulta la rendición de cuentas, sino que también alimenta la desconfianza ciudadana hacia las instituciones. La opacidad en el manejo del presupuesto y la toma de decisiones legislativas refuerza la percepción de que el Congreso está más enfocado en gastar que en legislar efectivamente.
Los costos asociados a esta ineficiencia son significativos. Mientras el Congreso gasta millones, los resultados son mínimos: solo se aprobaron 2 de 10 puntos de acuerdo presentados, una cifra que contrasta drásticamente con el desempeño anterior donde se aprobaron 12 de 36. Este desbalance entre gasto y resultados genera un sentimiento de frustración entre los ciudadanos, quienes son los verdaderos pagadores del costo político y económico de esta ineficacia.
El análisis también pone bajo la lupa a los legisladores individuales. Frinné Azuara (PRI), Marcelino Rivera (PAN) y Rubén Guajardo (PAN) fueron identificados como los mejor evaluados, mientras que Carlos Arreola (MORENA), Juan Bárcenas (PANAL) y Brisseire Sánchez (PVEM) recibieron las peores calificaciones. Esta evaluación sugiere que hay diferencias significativas en el compromiso y la efectividad entre los miembros del Congreso, lo que podría influir en futuras elecciones y en la percepción pública sobre quiénes deben ser los representantes.
La creciente desconexión entre el Congreso y la ciudadanía es alarmante. Las iniciativas ciudadanas enfrentan requisitos más estrictos que las propuestas por los diputados, lo que limita aún más la participación ciudadana en el proceso legislativo. Sin una comunicación efectiva y un compromiso genuino con las necesidades de la población, el Congreso corre el riesgo de convertirse en una institución irrelevante para aquellos a quienes debería servir.
Un Congreso que no produce ni representa adecuadamente a sus ciudadanos debe reconsiderar sus prioridades. La transparencia, la productividad y la rendición de cuentas deben ser pilares fundamentales para restaurar la confianza pública y asegurar que el Legislativo cumpla su rol como motor de cambio y contrapeso al poder ejecutivo. Sin estos elementos esenciales, el futuro del Congreso de San Luis Potosí parece incierto, dejando a los ciudadanos cuestionando el valor real de su inversión en este órgano legislativo.
