La insuficiencia de recursos humanos y materiales que enfrentan los sistemas de salud también podría alcanzar a los hospitales privados que acordaron con el gobierno ayudar a las instituciones públicas con sus pacientes con padecimientos ajenos a Covid-19.
“Vamos a operar a máxima capacidad, pero esa capacidad tiene un límite, así que deberemos tener cuidado con eso”, dice Javier Potes, director general del Consorcio Mexicano de Hospitales, uno de los organismos que llevó la propuesta de colaboración al gobierno.
El acuerdo marco fue suscrito inicialmente por 156 hospitales privados, que podrán a disposición 6,000 camas, con el propósito de liberar 3,115 camas en los hospitales públicos y puedan emplearlas para atender hasta 12,500 pacientes de Covid-19.
Entre los nosocomios privados que entrarán en acción por un lapso de un mes, a partir del 23 de abril, están Médica Sur, Hospitales Ángeles, Hospital Español, Centro Médico ABC y Dalinde.
Por la contingencia sanitaria, estos nosocomios operaban a 50% de su capacidad y su personal estaba menguado por las restricciones impuestas por el coronavirus a todos los centros de trabajo, como mandar a casa a empleados mayores de edad y con enfermedades crónicas y embarazadas.
Hoy esos hospitales refuerzan sus filas. “Buscamos reclutar más personal, sabemos que es difícil y creo que no nos vamos a dar abasto, pero esta es la realidad que estamos viviendo y tenemos que trabajar”, dice el regiomontano Potes, quien añade que trabajan sin tregua para sumar al convenio a tantos hospitales como sea posible.
“Hemos recibido muchas solicitudes de información de hospitales que no están en nuestras asociaciones”, afirma.
El acuerdo marco fue suscrito inicialmente por 156 hospitales privados, que podrán a disposición 6,000 camas, a fin de liberar 3,115 camas en los hospitales públicos para que las destinen a la atención hasta de 12,500 pacientes de Covid-19.
SERVICIOS AL COSTO
El acuerdo marco, anunciado el domingo 12 de abril por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, nació de la iniciativa de 7 asociación hospitalarias, encabezadas por la Asociación Nacional Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales, que vieron la necesidad de organizarse ante el riesgo inminente de que los hospitales públicos fueran rebasados, cuenta Potes.
Añade que, tras un recuento de la infraestructura con la que podían disponer, iniciaron negociaciones con el Consejo de Salubridad General para definir los padecimientos que entrarían en el acuerdo y tarifas que cobrarán a las instituciones públicas por los tratamientos realizados.
Entran en el convenio embarazo, parto y puerperio, cesáreas, apéndices, hernias complicadas, úlceras gástricas y duodenal complicadas y endoscopias, y las tarifas se basarán en un tabulador de referencia de las instituciones públicas. “La tarifa por los servicios la paga el gobierno, el beneficiario no va a pagar ni un solo peso”, dice Potes.
Por un parto, por ejemplo, cobrarán 8,000 pesos, varias veces menos de lo que cobran a sus clientes. “No dudo que tengamos qué poner un poco de dinero para cubrir los costos”, señala Potes.
Para entrar al convenio, los hospitales tienen que firmar una carta de adhesión en la que aceptan los tabuladores y someterse a la validación del Consejo de Salubridad General, que revisa que tengan en regla todas las normativas.
Potes explica que las instituciones públicas que les podrán enviar pacientes -Salud, IMSS, ISSSTE, Defensa Nacional, Marina, INSABI, Pemex- emplearán un sistema desarrollado por Funsalud que permite ubicar la distancia al hospital privado más cercano al hospital público que requiere el servicio.
Potes no da estimaciones de los pacientes que les serán referidos en tanto no se cierren las adhesiones, pero teme que superen los que podrán atender, sobre todo en ciudades pequeñas y medianas, donde la capacidad hospitalaria de la iniciativa privada es menor. “Tenemos que buscar más adhesiones en esas ciudades -concluye-. Esto es algo que no estaba previsto, y no hay antecedentes”.
Fuente: http://www.aristeguinoticias.com
