El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, comparecerá en los próximos días ante la Fiscalía General de la República (FGR) para hacer la primera entrega de nombres, datos e indicios de un presunto esquema de corrupción a gran escala que habría operado a lo largo del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.
La entrega de dicha evidencia y del testimonio de Lozoya, de acuerdo con fuentes con pleno conocimiento del caso, se realizará en la modalidad de entrevista ante el Ministerio Público de la Federación.
Aunque será la primera de varias comparecencias ante FGR, esta será clave ya que a partir de la misma la FGR definirá si los datos e información del exdirector de Pemex son viables y suficientes para otorgarle un beneficio que contempla la ley denominado “criterio de oportunidad”, y convertirlo en un testigo colaborador.
Actualmente el exdirector de Pemex se encuentra en calidad de vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa en relación con los casos Odebrecht. En seis meses se ha programado la audiencia en la que sería acusado formalmente de los cargos.
Sin embargo, si la FGR decide entregarle el criterio de oportunidad, se suspenderá el proceso penal en su contra y se solicitará al juez una audiencia para que el exdirector de Pemex ratifique la información que aportará ante un Tribunal. Todo ello debe ocurrir antes del periodo señalado.
¿De que depende que Lozoya obtenga este beneficio? De que lo revelado permita a la FGR construir casos por hechos de corrupción mayor gravedad y contra presuntos implicados de mayor nivel jerárquico. Autoridades ministeriales indicaron que el exfuncionario ha prometido contar con suficiente evidencia de ello.
La determinación de si dicho beneficio es procedente y el desarrollo del caso se encuentran bajo supervisión directa de la oficina del fiscal Alejandro Gertz Manero. Por ahora no se ha dado intervención a ninguna otra área de la Fiscalía.
Corrupción a gran escala
Los abogados defensores del exdirector de Pemex, Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Duran, adelantaron en las audiencias iniciales de los casos Odebrecht y Altos Hornos que cuando ocurrieron estos hechos operaba en México un “aparato organizado de poder conformado por altas autoridades del Estado Mexicano”, el cual sería responsable de múltiples actos de corrupción.
En seguimiento a eso el exfuncionario entregará en su primera comparecencia ante la FGR los nombres y cargos de los principales implicados y sus superiores jerárquicos que conforman dicho aparato, así como las modalidades en que se cometieron los presuntos hechos delictivos y evidencia inicial de ello.
El objetivo de la defensa es demostrar que Lozoya fue utilizado dentro de dicho esquema organizado para cometer hechos cuyos beneficiarios fueron exfuncionarios de mayor rango. La temporalidad de los casos investigados coincide con el periodo de campaña del expresidente Peña Nieto y su posterior gobierno.
La teoría de la defensa está sustentada en una doctrina formulada por el penalista alemán Claus Roxin, uno de los mas influyentes del mundo, que sostiene que hay personas de alto nivel que cometen crímenes, pero no directamente, sino utilizando a otros que casi nunca saben de la transcendencia real de lo que ocurre. A estas personas se les conoce como “autores mediatos”, los cuales lideran los referidos aparatos de poder.
Dicha doctrina tuvo sus cimientos en los juicios posteriores a la Segunda Guerra Mundial y posteriormente fue perfeccionada. Como Animal Político publicó en esta nota, se trata de una estrategia que ya ha permitido en diversos países enjuiciar a lideres criminales e incluso a exjefes de estado como el expresidente de Perú, Alberto Fujimori.
Ontiveros Alonso, uno de los abogados de Lozoya y quien además fue alumno de Roxin en Alemania, escribió un artículo el año pasado publicado por la Universidad de Guanajuato, donde sostiene que en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa también existió un aparato de poder responsable de dicho crimen, al frente del cual estaba el presidente municipal de Iguala en su calidad de “autor mediato”.
Libre, pero custodiado
Luego de permanecer 15 días hospitalizado Lozoya fue dado de alta del Hospital Ángeles del Pedregal la madrugada del sábado. Durante el tiempo que estuvo internado se le trató de una anemia y se le practicó una intervención quirúrgica derivado de un problema de sangrado en el esófago, según lo informado a este medio por personas cercanas al caso.
En las audiencias iniciales se determinó que una vez dado de alta el exdirector de Pemex podría quedar en libertad en tanto se resuelven sus casos. No obstante, mientras permanezca en calidad de procesado deberá portar un brazalete con geolocalizador y no podrá desplazarse mas allá de la zona conurbada de Ciudad de México.
Otro requisito que le impuso el juez es que cada 15 días acuda afirmar una hoja de control que garantice que se encuentra localizable, Autoridades explicaron que ello se realizará a través de la denominada Unidad de Medidas Cautelares de la Guardia Nacional, en una sede distinta al Reclusorio Norte. Este fin de semana por ser día inhábil y por el contexto de la pandemia el tramite se realizó vía electrónica.
Las fuentes consultadas reiteraron además que el exdirector de Pemex tendrá como medida de seguridad la custodia de agentes federales. Lo anterior como medida de protección por su posible perfil de testigo colaborador en un caso mayúsculo de corrupción.
Fuente: AGENCIAS – ANIMAL POLITICO
